Introducción

En la ciudad de Corrientes, Argentina, durante el primer año de gestión del intendente E. Tassano (Pro-Cambiemos, 2017-2021) se promovió una política urbana de transformación significativa del área central de cara al río Paraná. No solo es el espacio público mejor equipado (Fig. 2): a sus indisputables condiciones paisajísticas se añade que evoca diversas valoraciones y representaciones históricas, patrimoniales e identitarias. Este espacio ha sido objeto recurrente de políticas urbanas locales de mejoramiento para promover el turismo (Rus, 2023); sin embargo, consideramos que existen particularidades del período en la profundización y refinamiento de mecanismos^[1] para su privatización, debido a la emergencia de acciones colectivas en desacuerdo y procedimientos desplegados entre estos y el gobierno local. Nos detendremos en el Plan Urbano Costero (en adelante PUC), caso de estudio que ejemplifica procederes similares de gestión estatal en dicho período, no sólo en Corrientes (Alcalá, Rus y Olmedo, 2023).

El abordaje cualitativo del PUC (2018-2019) se basó en la observación participante mediante el registro en diario de campo de acontecimientos y controversias de espacios asamblearios autoconvocados^[2] y actividades estatales^[3]. Por otro lado, analizamos la ordenanza 6635/18 y otros documentos (puestos a disposición por informantes clave, antes de su aprobación), así como notas periodísticas sobre el proceso^[4]. Participar de momentos clave en que se generan conflictos sobre la política urbana posibilita un acceso singular a datos para la reconstrucción y reflexión sobre la elaboración de la agenda y las formas de reacción. En ese sentido, caben algunas aclaraciones: a) los hechos controvertidos se relatan en primera persona, ya que los mecanismos orbitan en torno a la construcción del relato oficial a través de distorsiones u omisiones de agentes estatales: si no hubiéramos estado presentes, poco o nulo registro de evidencias serían reunidos; b) el análisis primigenio precede a esta convocatoria. Aunque evidenció asimetrías de poder en la disputa por el espacio y efectos en desigualdades socioambientales, no había sido atravesado por el prisma teórico de la relación entre espacio y violencia(s) sino hasta este trabajo.

Nos interesa pensar: ¿Qué prácticas pueden ser consideradas violentas y de qué manera operaron para alcanzar objetivos específicos? Para ello, organizamos el trabajo en tres partes: en la primera exponemos sintéticamente el marco conceptual de referencia; en la segunda presentamos el caso de estudio y una síntesis de los hechos más relevantes registrados; en la tercera nos abocamos a la discusión teórica e identificación de mecanismos violentos en la disputa por la legitimidad del PUC.

Marco conceptual de referencia

En coincidencia con Del Río, Vertiz y Ursino (2014), entendemos a la política urbana como un conjunto de tomas de posición estatal (no unívocas, ni homogéneas, ni permanentes) que inciden en el patrón de estructuración urbana. Sus instrumentos de planificación urbana, de regulación, de programación o gestión tienen estrecha vinculación con los procesos de cualificación, valorización y diferenciación del espacio urbano. Esto conlleva efectos de localización que operan en el plano del espacio relacional, generando externalidades más allá de las entidades a las que se encuentra dirigida, por lo que contribuyen a la configuración de órdenes socioespaciales (Duhau y Giglia, 2008) y estructuras de oportunidades (Rodríguez y Di Virgilio, 2011).

Según Theodore, Peck y Brenner (2009), desde la década del 70 las ciudades constituyen ruedos estratégicos donde se despliegan formas neoliberales de destrucción creativa con el fin de una mayor “subordinación del territorio a estrategias especulativas de lucro a expensas de los valores de uso, las necesidades sociales y los bienes públicos” (Peck, Theodore y Brenner, 2013, p. 1092). No obstante, existen discrepancias entre la ideología neoliberal, que promueve la supremacía de mercados abiertos, competitivos y desregulados, y sus operaciones políticas y efectos sociales cotidianos (Harvey, 2003). En este sentido, en las ciudades se observa una profunda presencia estatal a través de “formas coercitivas y disciplinarias de intervención” (Theodore et al., 2009, p. 3) como medio para una mayor privatización –es decir, mecanismos jurídicos de transferencia a privados particulares, del dominio o explotación de espacios públicos o privados del Estado–, sujeción de decisiones de desarrollo urbano a la lógica de la ganancia, atracción de la inversión y consumidores de élite (Peck et.al., 2013)

Para observar un caso que se enmarca en el urbanismo neoliberal, a través del prisma de las violencias, partimos de claves teóricas mínimas, asumiendo la coincidencia de autores en torno a lo esquivo de una definición acabada general (Salamanca Villamizar, Pizarro y Fedele, 2016). En este sentido, entenderemos como prácticas violentas aquellas transgresiones de puntos de clausura o prohibiciones que estructuran los límites de un orden simbólico y provocan la conmoción reconocida por determinados grupos sociales (Tonkonoff, 2014; 2024); especialmente, las acciones cuya legitimidad es controvertida, como nota definitoria del exceso entre coaccionar y violentar, en un marco de acciones resistidas^[5] que los destinatarios preferirían no sufrir (Garriga Zucal y Noel, 2010).

Resultados

Plan urbano costero o plan Aguas Brillantes: caracterización general y condiciones previas

El PUC fue una política coordinada mediante alineamiento partidario, a fines de 2017, entre los gobiernos nacional, provincial y municipal (Alianza radical Eco-Pro-Cambiemos) en Corrientes^[6]. Fue impulsado por una política nacional de subasta de bienes inmuebles por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)^[7], y se concertó a través de un convenio marco de cooperación^[8] (convenio PUC). El gobierno municipal aprobó la Ordenanza 6635/18 (Ordenanza Plan Costero, en adelante OPC^[9]), que modificó las capacidades edificatorias del Código de Planeamiento Urbano (Ordenanza 1071/81) de forma exponencial, desafectó usos previos de grandes inmuebles y reparticiones estatales de la costanera del dominio nacional y provincial (Fig. 3), estableció cesiones para uso público y criterios morfológicos urbanísticos. Se definieron como unidades de gestión (UG) a 7 inmuebles involucrados, todos localizados en el frente costero, dotando al área de una capacidad constructiva superior (353.400 m2 total), con alturas permitidas de hasta 105 m en un área donde predominan alturas bajas (hasta 3 plantas) y algunos edificios que no superan los 36 m. (Fig. 1).

Los espacios más relevantes en juego fueron: 1- Vías Navegables y escuela técnica; 2- Puerto; 3- Vialidad Nacional; 4- Casas del Ejército; 5- Regimiento de Infantería N° 9; 6- Cárcel o Penitenciaría N°1; 7- Ex Usina. (Fig. 3). En la figura 1 se sintetizan los cambios normativos, grupos que se vieron afectados frente a esta política y algunos cuestionamientos^[10]. Este conjunto de espacios se agrupó en el PUC como suelo a desafectar de sus usos precedentes, subastar a agentes privados y construir desarrollos urbanísticos inmobiliarios.

Sin embargo, antes del PUC cada espacio representaba, por un lado, intentos previos de sustituir actividades o usos; por otro, formas de valoración asociadas a actividades y demandas precedentes. En este último sentido, se produjeron múltiples frentes de resistencia de colectivos ciudadanos afectados o en desacuerdo: algunos confluyeron en asambleas, otros entablaron estrategias políticas o judiciales por agrupamientos previos y algunos negociaron directamente con la gestión. Un emergente fue la asamblea Defensores de los Espacios Públicos Costeros (DC) que se movilizó por otras políticas de privatización posteriores (Fig. 3) (Rus, 2023).

Figura 1
Espacios constituidos en UG, cambios normativos, grupos movilizados y cuestionamientos
Fuente: Elaboración propia en base a Ordenanza 6635/18. *Ee: Distritos destinados a equipamientos: usos relevantes ya localizados. Re: Distrito residencial de desarrollo diferido.

Figura 2
Espacios públicos del área costera central de Corrientes
Fuente: Rus (2023)

Figura 3
Espacios públicos o privados del Estado sujetos a políticas urbanas en el período 2018-2021
Fuente: Rus (2023)

Momentos clave de la disputa y conflictos en torno a la legitimidad de la política urbana

Entre finales de 2017 y principios de 2018, la prensa anunció reuniones del presidente Macri con funcionarios provinciales y municipales. El objetivo era la firma, concretada en julio de 2018, del convenio de cooperación entre áreas y escalas del Estado que impulsaría el PUC. Un mes después, el ejecutivo municipal envió el proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante (CD) sin comunicación oficial. Militantes y técnicos locales accedimos a dicho documento a través de concejales del partido opositor; a partir de allí, se llevaron adelante las primeras asambleas de autoconvocados técnicos, ediles y militantes de organizaciones sociales.

La Ordenanza N°6635 se trató una semana después y fue aprobada en agosto de 2018, sin considerar modificaciones sugeridas por concejales de la oposición, mediar audiencia pública ni evaluación en comisiones obligatorias: Comisión de Patrimonio y Comisión de Revisión del Código de Planeamiento Urbano. El tratamiento fue tenso, con 11 intervenciones por parte de quienes nos manifestamos cuestionando a los concejales (Versión taquigráfica, 23 de agosto de 2028). El presidente del CD envió fuerzas de seguridad para acallarnos. Las propuestas de concejales opositores fueron desestimadas, y la OPC se aprobó por mayoría simple (9 a 8, con ausencia de un concejal). Desde la prensa se dio voz a concejales oficialistas deslegitimando la movilización, calificándola como “una tribuna movilizada, orquestada, armada” por la oposición y subestimando a los grupos manifestados (Ast: Un edil opositor hacía señas a la multitud para que aplauda o haga ruido, 2018).

La ordenanza estableció para el área de actuación principios o lineamientos de sustentabilidad social, diseño ecoeficiente y objetivos de ciudad sustentable y amigable (art. 11-14), que evocan sentidos entendidos como incuestionables, en muchos casos irrelevantes en relación al contexto (como la exigencia de distancias máximas a espacios verdes públicos, cuando la propuesta se localiza en torno a la ribera –art. 11–) o en enunciados vacíos como: “la normativa morfológica propuesta reconocerá las características diferenciales de cada zona urbana según sus rasgos locales específicos y a los fines de definir un frente costero de carácter singular” (art. 12). Lo central versó en la dotación de nuevos usos y edificabilidad, tanto como en la definición de la forma de gestión y reparto de estos bienes públicos. En relación a esto último, tanto en la OPC como en portavoces de la política, primaron indeterminaciones y contradicciones. La primera establecía la gestión mediante participación pública-privada y convenios urbanísticos (art. 16), pero sería la AABE quien subastaría los predios. Una vez privatizados, ¿En qué medida tendría injerencia el municipio? ¿A qué precio se subastarían terrenos fiscales en desuso orientados al desarrollo inmobiliario? ¿Cuál sería el destino de los fondos y quién los administraría?

En agosto de 2018, arquitectas de la Secretaría de Desarrollo Urbano de Corrientes presentaron el PUC en el Consejo de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CPIAyA), para “despejar dudas” (Municipalidad de Corrientes, 1 de septiembre de 2018) a técnicos. A pesar de múltiples críticas, nuestras y de otros, y teniendo en cuenta que las intervenciones plantearon cuestionamientos similares a las del CD, ningún medio local las reprodujo y el discurso oficial mostró la exposición como exitosa, omitiendo el conflicto. Ante la exigencia de instancias participativas, la municipalidad respondió que habría un concurso de ideas para arquitectos, a partir del cual se definiría el Master Plan. Los sentidos concretos de la participación fueron dichas instancias oficiales restrictivas de antemano y con espacios de opinión limitados o bien situaciones investidas a posteriori, como la invitación a una conversación informativa del gobierno provincial en el puerto, que luego se llamó en medios oficiales como “audiencia pública” (Brindaron charla informativa abierta referida al Proyecto Terminal Fluvial Turística en Corrientes, 2018) sin cumplir las condiciones legales para serlo.

El convenio PUC definió el Concurso Abierto no vinculante para los predios de más de 1 ha y circunscribió las bases a la OPC, para “dar participación a la sociedad profesional, otorgando una mayor validez de lo planificado, como así también sirviendo como una herramienta de utilidad para la captación de los potenciales desarrolladores” (p. 6). Oficina Urbana (Converti-De Marco, Buenos Aires), ganadores del 1° premio, asociados al estudio correntino Bury & Mayer, resaltaron: “estimulará la inversión e interés del mercado inmobiliario, propiciando una nueva mirada hacia este espacio natural” (Un paseo ribereño entre dos polos organiza la ciudad, 2019) y cuestionaron que la “conflictividad” obstaculiza los proyectos (Gamboa, 2019).

La comunicación oficial tuvo al intendente como uno de los principales voceros, cuyos discursos exaltaron datos engañosos: por un lado, decía que “un 15% de los terrenos serán destinados a emprendimientos inmobiliarios y el 85% restante será de espacio de uso comunitario o espacios verdes”; y por otro, se afirmaba que “las cesiones de los predios rondarán entre el 50% y el 70%” (Desarrollo costero: Tassano confirmó que el Plan Maestro no pasará por el Concejo, 2018). ¿Cómo cesiones del 50-70% al municipio implicarían un 85% de recuperación total para los vecinos? ¿Por qué se hablaba de recuperación, si se trataba de bienes del Estado?

Personas afectadas o en desacuerdo continuaron reuniéndose y elaborando informes. La Red Vecinal Zona Norte (20 de agosto de 2018) planteó desigualdades entre centro y periferia del área ribereña; la Asociación de Arquitectos de Corrientes (ACAC) cuestionó el proceso de definición de esta política frente a la condición colectiva y sensible de los espacios, así como la apropiación injusta de beneficios por parte de actores empresariales sin devolución a la ciudadanía. También se judicializó la OPC y se realizaron foros-talleres participativos alternativos (8 y 15 de noviembre de 2018). El primer proceso consistió en un amparo ambiental y cautelares contra la municipalidad. Se trató de una acción jurídica colectiva con la participación de abogadas de diversas pertenencias que enfrentó el procedimiento de aprobación de la ordenanza. Fue rechazada en primera instancia, apelada por el colectivo y admitida el 10 de septiembre de 2019. Por complicaciones posteriores caducó en 2022 y la OPC continúa vigente.

La gestión municipal hizo caso omiso del foro y los talleres, que obtuvieron la participación activa y financiamiento de algunos concejales opositores, aunque participamos también otros agentes como técnicos, integrantes de organizaciones sociales, sindicales, artísticas y personas no organizadas. Un objetivo estratégico de los organizadores fue componer un proyecto urbanístico alternativo, aunque este proceso movilizó múltiples discusiones internas. En las mesas de debate, aquello que estaba en juego, la forma de comprender problemáticas y de considerar posibilidades, difería en función de los distintos agentes. Algunas discusiones y propuestas estaban tan condicionadas por clase, género, edad, formación, que las subjetividades resultaban irreconciliables^[11].

La agenda oficial continuó haciendo caso omiso a este proceso paralelo, desde fines de 2018 a principios de 2019, con mesas de trabajo a puertas cerradas^[12] y dos actos de presentación del plan: en Casa de Gobierno con autoridades y prensa (Tassano, 1 de noviembre de 2018), y en Buenos Aires (en el Salón Federal CCK el 20 de noviembre de 2018). Este último, orientado a inversores inmobiliarios y turísticos (Argentina Prensa Oficial, 20 de noviembre de 2018). Los discursos enaltecieron la política como epopeya, eludiendo precisiones técnicas. El intendente lo caracterizó como el “proyecto transformador más grande que va a tener esta ciudad” y el gobernador aseguró: “estamos haciendo nuestra reivindicación histórica como correntinos” resaltando que esta transformación “va a ir modificando las mentes y las actitudes de los correntinos” (Tassano, 2018).

El 3 de diciembre de 2018, con el decreto 1088/2018, la AABE dispuso la enajenación de inmuebles del estado nacional en distintas provincias del país por subutilización: “no pueden mantenerse inactivos o sin un destino útil acorde a su potencial” (Decreto 1088/18). Con lo recaudado por la venta, se invertiría en obra pública en el marco del Plan Belgrano y el Plan de Desarrollo Costero.

De la colaboración entre el equipo de abogados locales y el Observatorio de Derecho a la Ciudad (CABA), surgió una segunda acción de amparo en un juzgado federal, para nulidad de la subasta y venta de las tierras públicas, y la protección frente al posible desalojo de habitantes de un predio. El amparo, en el Juzgado de 1ra Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°1, obtuvo una medida cautelar que frenó la subasta. El 10 de septiembre de 2019 se declaró admisible la acción de amparo. Sobre las viviendas militares, al año siguiente se abrió la inscripción para la subasta electrónica de 3 de los 7 predios, pero no hubo inscriptos (El Litoral, 2019).

Por otra parte, el Decreto 345/2019 remataba predios entre los cuales se encontraba el RI9. A través de un informe del Jefe de Gabinete se supo que se remataría a precio vil y los recursos se destinarían al Ministerio de Defensa y a la Tesorería General de la Nación (Momarandu, 27 de marzo de 2019). En 2019, el lema del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia fue “Ayer contra la dictadura, hoy contra los vendepatria” (Fig. 4). La AABE decretó la subasta (decreto 345/2019) y la Comisión resistió con movilizaciones, un Encuentro de Derechos Humanos (DDHH) Provincial en el RI9 y otras actividades.

Figura 4
Marcha 24 de marzo, llegando al RI9
Fuente: D. Petruszinsky (2019)

El presidente M. Macri, días antes del cambio de gestión, emitió al municipio un permiso precario de uso gratuito del RI9, ratificado con celeridad mediante ordenanza. La comisión de DDHH realizó una gran movilización y continuó cuestionando las medidas. El nuevo gobierno nacional (Alberto Fernández) revocó el permiso de usufructo, volviendo a ser del Ministerio de Defensa. La comisión de DDHH del RI9 logró la definición del Espacio de Memoria para una parte del predio, uno de los mayores logros colectivos de los opositores en este arduo proceso.

Esta política, definida en las comunicaciones oficiales como PUC durante el período de 2017 a 2018, se modificó frente al cambio de gobierno nacional, los conflictos y la judicialización antes relatada. Estos hechos, que incluyen logros de grupos en resistencia, posibilitaron que algunas voces del colectivo fueran escuchadas y que el desacuerdo fuera más visible en los medios de comunicación locales, mostrando grietas en el discurso que lo instaló como política incuestionable.

Sin embargo, posteriormente, las gestiones municipal y provincial (con continuidad en representantes y afinidades partidarias) avanzaron con gestiones predio a predio. En Vías Navegables continuaron los despidos y el desfinanciamiento. Tanto el puerto (2022) como la usina (2024) fueron espacio de un evento público de Arte Contemporáneo, ArteCo, aunque el primero fue transferido a la provincia y el segundo alquilado a empresarios propietarios. En la cárcel, en 2022 se realizó un festival público, cuestionado por Militantes de DDHH (Momarandu, 9 de diciembre 2022) y a partir de 2024 se desarrolla un emprendimiento público-privado de museo y centro comercial.

Discusión

Anteriormente hemos reconocido desigualdades que se ocultan detrás de las premisas ideológicas del urbanismo neoliberal en ciudades del nordeste argentino; la lectura histórica de procesos urbanos de largo plazo evidenció la generación o profundización de órdenes socioambientales injustos (Olmedo, 2022; Rus, 2023; Alcalá et al., 2023). En este trabajo, por otro lado, nos hemos preguntado por aquellas prácticas que fueron cuestionadas por grupos o colectivos urbanos (algunos en los cuales somos o fuimos partícipes) y que tensionan extraordinariamente la legitimidad de la acción estatal. En palabras de Riches (1988) la nominación de una acción como violenta expone la controversia por los sentidos de acciones y representaciones entre la víctima, el ejecutor y quien lo atestigua. Hemos ocupado las tres posiciones en diferentes instancias, ya que la definición depende de los criterios de quienes realizan la imputación y la legitimidad de estos implica una disputa (Garriga Zucal, 2021).

En el marco del urbanismo neoliberal, que orienta beneficios directos a ciertos agentes empresariales e implica formas de desposesión, se vuelve clave la espiral de tensiones del proceso: entre actores que disputan la legitimidad de la política, llevando adelante formas de resistencia no unívocas, y las formas en que agentes estatales responden con mecanismos que profundizan la indignación, movilizan nuevas formas de agrupamiento y resistencia, y por tanto, se encuentran con el refuerzo de la ilegitimidad del accionar estatal. En este sentido, las prácticas violentas se evidencian como recurso, tal como propone Garriga Zucal (2021), con tres caras: la que comunica una concepción del mundo; la que comunica diferencias internas; la que opera como instrumento que crea y (re)crea esas diferencias.

Ensayamos, a partir del caso (reforzado por investigaciones previas), la identificación de los siguientes mecanismos que detallaremos a continuación[13]. En primer lugar, la deslegitimación de voces opositoras o afectadas y afianzamiento de pocas voces autorizadas: los diversos agentes opositores a la OPC fueron transformados en un enemigo simplificado y unívoco: opositores al desarrollo, tribuna orquestada. Se constituyó en desacreditación hacia la ciudadanía en general, cuando se refirió a que el proyecto era necesario para modificar mentes.

En contrapartida, se reforzó la construcción de un tipo restrictivo de actor, los técnicos (con determinados conocimientos, capitales y posición de clase), habilitado para recibir información y/o esbozar opinión oíble, siempre que esta fuera obsecuente (presentación del PUC en Consejo Profesional; concurso de Arquitectura como espacio de participación).

En segundo lugar, el enmascaramiento de la propuesta concreta: tanto en las presentaciones de funcionarios y técnicos estatales en medios de comunicación, como en documentos analizados y en las instancias participativas, destacó la elusión de la discusión sobre los objetivos y efectos concretos de la ordenanza en relación al reparto de bienes y actores beneficiados o perjudicados. Cada vez que interrogamos las cuestiones centrales sobre el diagnóstico de base y la propuesta de transformación material concreta, las respuestas fueron evasivas, argumentando principios en apariencia indiscutibles como los criterios de sostenibilidad ambiental esbozados en la OPC; o el discurso heroico para un beneficiario indeterminado o inanimado: los vecinos, la ciudad.

En este sentido, nombrar como plan a lo que se constituyó en principio solo como un acuerdo entre partes y una ordenanza que desafectó usos previos y aumentaba edificabilidad, fue seriamente cuestionado. Constituyó un proceso acelerado, impuesto, desprovisto de discusión ciudadana y con múltiples aspectos técnicos indefinidos en relación a los usos futuros, necesidades de infraestructuras y equipamientos, al reparto económico, etc. En este mismo sentido, se cuestionó la manipulación de los procedimientos, mientras que los funcionarios estatales adjetivaban su accionar como transparente.

Y, por último, la anulación del conflicto o de los momentos políticos del desacuerdo: durante el proceso, a pesar de múltiples cuestionamientos, acciones de denuncia judicial y organización de contrapropuestas; la respuesta de los agentes estatales se mantuvo entre lo esbozado en 1., en el desconocimiento y la intransigencia. Observamos por tanto una combinación de mecanismos como:

La minimización de argumentos opositores por instalación de supuestos consensos. Aquellos espacios de desacuerdos y conflictos en los que participamos fueron retratados públicamente como espacios de avenencia (Ej. presentación del PUC realizada por la Secretaría de Desarrollo Urbano).

La anulación de disputas implicó la omisión de consecuencias negativas probables en los discursos. El balance de la propuesta incluía perjuicios presentes o futuros a sujetos damnificados y/o pérdidas colectivas: quienes reaccionaron por alteración significativa o traumática de sus condiciones de vida (desalojos, pérdida de puestos de trabajo, etc.), cuando no fueron desestimados, fueron calificados por la gestión como violentos.

La división expuesta en 1 también fue útil para el desmembramiento de actores colectivos disidentes (individualización), a través de promoción de instancias que generaran divisiones (como el concurso).

En cuarto lugar, a pesar de que el conflicto era palpable, la gestión sostuvo un discurso de agenda democratizante evocando la idea de participación. En ningún momento se modificó ninguna decisión de la ordenanza ni de los procedimientos cuestionados.

Conclusión

Las definiciones de las políticas urbanas están atravesadas por pujas distributivas, lo que, en la ciudad capitalista, implica un marco general de condiciones de injusticia. No pretendemos afirmar que cierta política en el marco del neoliberalismo es o no es violenta. Nos interesa pensar a la violencia como un recurso desde aquellos agentes que poseen atribuciones monopólicas en la definición de las políticas urbanas (el Estado) frente a la emergencia de formas de resistencia que disputan su sentido. Esto involucra una distinción: las injusticias de la política urbana podrían analizarse sin la resistencia de un sujeto por fuera del juicio de quien investiga, pero las violencias se construyen como tales porque existe un sujeto receptor consciente y alguien que lo denuncia. “Parafraseando a Durkheim, puede afirmarse que no rechazamos algo porque es violento, sino que es violento porque lo rechazamos (colectivamente)” (Tonkonoff, 2014, p.21). Como en otros campos, cabe preguntarse si a lo que estamos asistiendo es un aumento de los espacios donde se despliega la violencia o una modificación de los límites de lo tolerable (Garriga Zucal y Caravaca, 2017).

Las resistencias esbozadas, que mueven este límite de lo tolerable, nos permitieron hacer un seguimiento de aquellas formas de acción-reacción estatal en el proceso. Frente a las denuncias de sujetos afectados o que perciben injusticias reconocimos la implementación de un conjunto de prácticas y mecanismos para la deslegitimación y anulación de estos otros, y el ocultamiento de efectos desiguales detrás de discursos neoliberales. En el marco del conflicto en la arena pública, los mecanismos evidenciados en la discusión fueron utilizados con el objetivo de blindar la incuestionabilidad de esta política urbana. De esta forma sirven directamente a la intensificación de la imposición neoliberal financiarizada de la disciplina de mercado que, en las ciudades, se expresa en procesos de desposesión (Rolnik, 2017).

Creemos necesario preguntarnos qué dicen de la democracia estos mecanismos violentos en las políticas urbanas. A pesar de la emergencia de formas colectivas de asociación en desacuerdo y discusión de los procesos de planificación y su manifestación pública, la intransigencia adquiere nuevas formas, aunque no se aleja de la imposición autoritaria que era parte de períodos dictatoriales precedentes. En el presente, lejos de la desregulación o ausencia estatal (a la que dice suscribir la doctrina neoliberal), se intensifica la coacción para favorecer los intereses de una fracción de clase a costa de otros. La resistencia también se redefine, construyendo conocimientos que discuten esta legitimidad, ya que “la violencia es siempre ambigua, incluso paradójica: destruye, en algunos sentidos, y construye, en otros” (Garriga Zucal y Noel, 2010, p. 101).

Por otro lado, estas prácticas llevan a reforzar formas de desconfianza y aversión al Estado, coherentes con el momento neoliberal. Sin embargo, advertimos con esperanza que existen formas de organización social que se orientan a discutir los límites de la legitimidad estatal al traccionar algunos virajes en la trayectoria predefinida por los organismos públicos a partir de vías alternativas, como la judicial.

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Notas

Author notes

Additional information

CÓMO CITAR: Rus, M. F. y Olmedo, M. R. (2025). ¿Violencias en la política urbana? Disputas por la legitimidad en el proceso de privatización de espacios públicos en Corrientes, Argentina. A&P Continuidad, 12(22), doi: https://doi.org/10.35305/23626097v12i22.511

Alternative link

https://www.ayp.fapyd.unr.edu.ar/index.php/ayp/article/view/511 (html)