Hemos invitado a esta conversación al Arq. Rubén Sepúlveda Ocampo, prestigioso académico de la Universidad de Chile, referente latinoamericano en hábitat y vivienda. En base a su trayectoria, como profesor responsable en el grado y postgrado, resulta de interés su mirada sobre la pandemia de COVID-19 en Latinoamérica y su vinculación con la revalorización de la vivienda como espacio fundamental de la vida humana. A lo largo de su carrera, se ha destacado por dictar diversos cursos sobre políticas públicas, por sus numerosas publicaciones y como integrante de la gestión de la universidad pública chilena y de la gestión de políticas habitacionales del Estado. Asimismo, se ha desempeñado como consultor internacional y nacional en temas como políticas habitacionales y hábitat residencial.

Los acontecimientos que venimos experimentando desde marzo 2020 nos han hecho atravesar, como sociedad, por variados estadios y necesidades. Sin lugar a dudas, el tema de la vivienda se ha vuelto a fortalecer, pues ella ha sido redescubierta –debido a los aislamientos– como refugio indispensable.

Actualmente la vivienda está en el foco de las políticas públicas del Estado, de los desarrolladores inmobiliarios, de los colegios profesionales y fundamentalmente, del sector académico.

Laura Gurría. Considerando que hasta ahora las políticas de vivienda se han planteado desde una lógica financiera, como afirma Harvey (2019) ‘construimos ciudades para que la gente invierta en vez de para que viva' y tomando como escenario a Latinoamérica en general: ¿es posible encontrar entre estos ámbitos un espacio en común de debate que permita el intercambio de visiones y experiencias de manera tal de que no vaya cada uno por caminos diferentes?

Rubén Sepúlveda Ocampo. Yo creo que siempre puede haber un espacio de intercambio entre distintos actores. El problema está, en mi opinión –y va a ser bastante negativa– en que la pandemia lo único que hizo fue poner el foco, la luz, en problemas estructurales que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, pueden aparecer muchos foros, muchos encuentros, muchos acuerdos de intensiones loables, pero débiles en acciones concretas. De hecho, yo soy el presidente del directorio de la Fundación Hábitat para la Humanidad en Chile y hemos tenido varios eventos del área latinoamericana y del Caribe[1] en que como organización, paulatinamente, se ha ido transitando desde el enfoque de producción de objeto vivienda a entenderlo como un proceso. Esto hace necesario que los diversos actores incidan en el diseño e implementación de políticas públicas, que reconozcan en sus fundamentos la complejidad de la realidad a intervenir y que es insuficiente solo producir unidades habitacionales para enfrentar la creciente demanda de la sociedad. Y eso sí, es el inicio de un cambio más profundo.

Con el impacto producido por la pandemia del COVID-19 se han generado múltiples espacios de encuentro entre distintos actores en relación a la problemática habitacional, generando un nuevo impulso para que en los países se discutiera el derecho a la vivienda y la ciudad, que no solo debe quedar consignado en las constituciones (que es un paso sustantivo), sino que se debe traducir en acciones de política pública concreta. En caso contrario son meras verbalizaciones, como se puede visualizar en países que lo declaran en su Carta Magna como derecho, pero que en sus ciudades y territorios se observa que falta un gran camino por recorrer para hacerlo efectivo.

Desde mi perspectiva, esto sucede porque, en general, las políticas públicas tienen un enfoque sustentado en un pensamiento lineal que deconstruye la complejidad de la realidad que se aborda desde múltiples sectores, sin una integración de sus acciones. El Estado responsable del diseño e implementación de las políticas públicas se fragmenta y se dificulta avanzar en un trabajo multidimensional, ya que se ha generado una estructura en que simplemente nadie está dispuesto a perder cuotas de poder (por ejemplo, un sector incentiva la producción de viviendas, otro aborda parte de los temas ligados al territorio y ciudad, otro a los temas sociales, etc.).

Si bien es cierto que la pandemia ha venido a develar la realidad expresada en múltiples aristas tales como la profunda desigualdad social y pobreza que se ha incrementado en nuestra región, la forma en que ocupamos el territorio (por ejemplo, ordenamiento territorial producido por la industria extractivista devastando cuencas en tiempos de crisis climática); cómo se han conformado nuestras ciudades (por ejemplo, los mecanismos de acceso al suelo, que dejan sin posibilidades a grandes sectores de nuestras sociedades); la producción habitacional como acumulación del capital –como lo expresa en sus investigaciones Raquel Rolnik[2]; la privatización creciente del espacio público (por ejemplo, la privatización del borde río o mar con fines especulativos) y la invisibilización de la gestión social del hábitat como estrategia de lucha de las comunidades excluidas, etc., la fase post pandemia es una oportunidad de avanzar en estos temas estructurales, generando espacios de concertación y negociación de los diversos actores que participan en la producción habitacional.

La pandemia nos ha permitido ver con crudeza los problemas estructurales que se deben abordar desde un enfoque sustentado en la complejidad, entendiendo que la producción del hábitat es una construcción histórica, social y política; pero que el eje está, no en el número, sino en el ser humano, en su doble condición de humanidad y ser social. Si se avanza en eso, podemos ir cambiando el foco que sustenta a las políticas públicas, el quehacer profesional y la formación académica.

Este enfoque se viene planteando desde hace mucho tiempo por redes académicas y de organizaciones de la sociedad civil, a contracorriente del paradigma dominante y hoy se presenta la oportunidad de avanzar en políticas públicas integrales y participativas.

L.G. Hoy hay que debatir estos temas, pero ¿cómo se hace para que los actores con poder se hagan eco de esta visión de complejidad en el abordaje de las políticas públicas y la producción de vivienda? Porque hay muchos estudios e investigaciones que están planteando la necesidad de internalizar este enfoque que, a pesar de su difusión en diferentes espacios, no parece llegar a quienes tienen el poder de formular propuestas concretas y decidir llevarlas a cabo.

R.S.O. Según mi experiencia –no solo académica sino profesional– es clave demostrar que una acción de la política pública sustentada desde un enfoque del pensamiento complejo, genera rentabilidades políticas mayores en el mediano plazo que la típica acción cortoplacista (característica de los gobiernos latinoamericanos). Una acción pública desde dicha perspectiva permitirá desencadenar o fortalecer procesos que efectivamente mejoren la calidad de vida de las familias a las cuales se orienta.

Pero ¿cómo logramos incidir en los actores con poder? En primer lugar, reconociendo la dimensión política y social del hábitat y del rol de los actores involucrados. En segundo lugar, contar con un acceso público a la información y una adecuada capacitación de los actores (especialmente, en la actual coyuntura de redes sociales y falsa información que se viste de ropaje serio). En tercer lugar, la generación de espacios de concertación de actores en diversas escalas (público, privados con y sin fines de lucro, las diversas formas de organización y representación de los habitantes, los profesionales y los aportes de la academia, etc.).

En la experiencia de asumir la responsabilidad de la Jefatura del Programa de Mejoramiento de Barrios, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior (1996-2000), típica acción sectorial que no se coordinaba con otros ámbitos de la institucionalidad pública que incide en la producción del hábitat residencial (por ejemplo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo), me di cuenta de la necesidad de fortalecer la dimensión política de las propuestas técnicas, para lo cual, los profesionales y técnicos involucrados, debían no solo mejorar la calidad de los diseños (como incorporar plantas de tratamiento de las aguas servidas evitando que las redes cloacales viertan las aguas residuales a cursos de agua), sino que debían considerar acciones que aumentaran la rentabilidad política y al decidor político, demostrarle que una buena propuesta técnica implicaba generar espacios de negociación y concertación de los diversos actores involucrados (públicos, privados, comunidades). Ello implicó la capacitación a los profesionales y un programa de fortalecimiento a las autoridades políticas, con acciones multiescalares (que dimensionaran los impactos en los niveles locales, regionales y nacional). Sin lugar a dudas, esto involucra la generosidad del estamento político y una mirada de Estado que trasciende un periodo de gobierno, y una sociedad empoderada y debidamente capacitada.

Este enfoque es un camino que probablemente se encontrará con el gran obstáculo de la mirada cortoplacista que puede generar un programa para asegurarse la próxima elección o la maximización de las utilidades del sector privado que presiona al gobierno de turno para flexibilizar normativas urbanísticas o constructivas, pero no la resolución real del problema, como lo vemos en numerosos programas implementados en Latinoamérica. En el caso chileno, aquellas autoridades políticas con una mirada estratégica e integradora han asegurado su reelección, porque su intervención en el territorio ha sido sustentada desde un enfoque integral y de proceso, mejorando las condiciones de vida de los habitantes de dichos territorios.

Un buen ejemplo fue la experiencia del Programa Chile Barrios (1998), una acción intersectorial para abordar los asentamientos precarios o denominados campamentos que, según un Catastro de Campamentos y Asentamientos Precarios elaborado por el Instituto de la Vivienda (Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile), por encargo del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (MINVU) y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) realizado en 1997, detectó 972 asentamientos precarios en el país, con más de 500 mil personas alojadas. Este programa tenía por finalidad ‘mejorar la calidad de vida de los habitantes de los asentamientos precarios, mediante la ejecución de proyectos participativos, destinados a resolver su precariedad habitacional, mejorar la calidad del entorno y las oportunidades de inserción sociolaboral’. Esta acción programática generaba una intervención sustentada en 4 principios: sustentabilidad e integralidad, intersectorialidad, participación de las familias y otros actores, sumado a una descentralización con una adecuada coordinación intersectorial y multiescalar, tanto en los diversos sectores públicos como en las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado involucrados en cada caso. Este programa lamentablemente no fue suficientemente documentado, pero su implementación permitió reconocer los obstáculos que generan la sectorialidad, la disputa del poder político y la inercia de la estructura del aparato público, que se expresó, por ejemplo, en las tensiones entre sectores de la estructura institucional que intervenía, a quien le correspondía consignar en sus estadísticas la solución entregada para medir eficiencia.

En el presente, la sociedad y sus diversas formas de representación institucional reconocen que la vivienda significa pensar en la ciudad, en sus tramas, densidades, equipamientos, conectividades, etc. Esto reafirma el rol del Estado para el diseño de políticas públicas con un enfoque integral que reconozca los diversos actores involucrados: poder político (cada vez más fragmentado sin una mirada de Estado y con instituciones en forma creciente con evidentes hechos de corrupción), actor privado cuya finalidad es maximizar su capital (concentrado en pocos grupos ligados a la economía global, presionando al gobierno de turno para flexibilizar normativas y en definitiva, contribuyendo a aumentar la desigualdad) y el habitante organizado en comunidades, normalmente débiles para influir sustancialmente en las decisiones, fácilmente penetradas ya sea por un excesivo ideologismo partidario o cooptadas por el narcotráfico que controla territorios por la ausencia del Estado, sumado a la lógicas de la globalización, el individualismo y la competitividad exagerada.

Para quienes formamos parte de centros universitarios –en especial los públicos– se nos presenta un gran desafío para aportar propuestas integrales, desarrollando capacidades en quienes formamos, no solo para analizar las problemáticas sino para contribuir al desarrollo de las propuestas multidisciplinares. En el caso específico de la disciplina de la arquitectura un interrogante que surge es ¿cómo nos sacamos el sesgo de ser una profesión que nació para servir a la elite? En este punto, creo, estamos fallando porque formamos profesionales para producir objetos vinculados al sistema dominante, objetos que se olvidan del sujeto que va a habitarlo. En mi experiencia, en el trabajo de Taller Arquitectónico, observaba que los estudiantes venían formateados en una mirada meramente objetual. Se inventaban un tipo de persona, familia y comunidad a partir de supuestos surgidos en una visita al terreno (absolutamente insuficiente). Razón por la cual, se terminaba hablando de usuario, muchas veces definido como un promedio (por ejemplo, familia tipo de 4.2 integrantes) y en el caso de políticas habitacionales, de beneficiario (mirada hegemónica y asistencialista).

Debemos reconocer que la mayoría de los planes formativos dominantes en nuestras facultades de Arquitectura y Urbanismo se orientan a resolver los complejos problemas del territorio, ciudad y vivienda, con un ejercicio de propuestas objetuales sin mayor relación del objeto/sujeto/territorio. Y tal como lo observamos en las bienales de arquitectura, ciertas propuestas objetuales obtienen reconocimientos internacionales por su calidad estética formal, pero poco tienen que ver con el habitante y los procesos sociales a los cuales se les dirige.

Por otra parte, es necesario lograr un punto de equilibrio que no deconstruya nuestro aporte como disciplina valorizando solamente los procesos sociales y la gestión social de hábitat, no importando mucho el valor de objeto arquitectónico o del espacio que construimos. Es allí donde nosotros podemos aportar.

L.G. Claro, pero es bastante complicado lograr un punto de equilibrio en esto que estás relatando.

R.S.O. Bueno, no hay que olvidar que desde la complejidad siempre hay un porcentaje de incertidumbre y que siempre vamos a ir construyendo y decontruyendo las metodologías y los roles de los actores involucrados. Si no, caemos en la mirada lineal. Esto es un proceso de construcción constante.

L.G. Yo creo que estamos en un momento en el que tenemos que deconstruirnos en muchos aspectos. Al respecto, todavía estamos planteando en todo: ‘o estas de un lado o estás del otro’, lo que aquí en la Argentina denominan la grieta. Pero hoy tenemos que pensar en unir esos extremos.

R.S.O. Efectivamente debería ser así. Pero aquí estamos igual. Cuando ves las redes te encuentras con un nivel de agresividad, yo diría, de agresividad sin contenido. A veces les muestro a mis estudiantes documentales de los años 70, y se quedan sorprendidos de cómo entonces hablaba un obrero, cuando a ellos hoy les cuesta hilar una frase. Mi materia es electiva y la cursan estudiantes comprometidos.

Sabrina Cáceres. Claro, son estudiantes que eligen la materia por interés, no asisten a ella porque los obliga la currícula.

R.S.O. Yo creo que sí se han abierto más posibilidades como, por ejemplo, el desarrollar estudios y propuestas desde la perspectiva de género o el diseño del espacio público desde la visión de los niños.

El tema –y creo que pasa en todas las facultades de Arquitectura– es cómo nos enfrentamos con nuestros pares que, mayoritariamente, siguen pensando desde otro enfoque que se orienta preferentemente a una producción arquitectónica mercantil.

Hay una discusión constante sobre cuál es el papel que deben ejercer nuestras facultades, que forman parte de una universidad pública. No significa que como universidad pública solo se tenga que ocupar de las villas o campamentos, sino del conjunto de los problemas que tienen que ver con la sociedad y su relación con el territorio y los procesos sociales.

Por ejemplo, ahora como equipo de investigación estamos realizando un trabajo de un estudio comparativo de la planificación urbana de tres cuencas: una en Mendoza, otra en Valparaíso y otra en Francia, tomando como referencia la experiencia que tiene Francia desde el punto de vista normativo-legal. No es solo que nos quedamos con el mejoramiento de las villas, campamentos o asentamientos precarios o las propuestas de vivienda social, es mucho más que eso. No hay que endiosar al dinero, ni tampoco al proceso de participación, que normalmente puede estar sesgado.

Desde 1995, por intermedio de la Red Universitaria Latinoamericana de Cátedras de Vivienda (ULACAV)[3], hemos incentivando la transferencia de conocimientos y experiencias sobre el ejercicio de los derechos de la ciudad y la vivienda por parte de todos los ciudadanos sin distinción, con base en un compromiso social efectivo, estimulando la inclusión de la temática de forma regular y permanente en los planes de estudio de las diversas disciplinas universitarias –en especial, la arquitectura–, promoviendo la articulación e intercambio de producción teórica, metodológica y técnica sobre los problemas del hábitat social, que debiera ser un eje formativo esencial por los grandes desafíos que nos presenta Latinoamérica.

S.C. En razón de esto, ¿cómo se puede dar la vinculación entre quien hace vivienda pensando en el territorio y en los procesos sociales y quien hace vivienda para inversión?

R.S.O. La mayor responsabilidad la tiene el actor Estado, que debe generar los instrumentos y condiciones normativas para garantizar una producción habitacional equilibrada, que deje también un espacio acotado a la producción habitacional con fines de inversión. Para ello se requiere de acuerdos globales entre los diversos actores involucrados, teniendo presente que todos van a querer ganar, pero deben estar dispuestos a negociar por objetivos comunes.

En el caso chileno desde la dictadura cívico-militar domina la acción del mercado, a pesar de los ajustes que se hicieron desde 1990 hasta el día de hoy y esa lógica ha sido la predominante en todos los niveles y estamentos de la sociedad, incluyendo las universidades públicas, en que los estudiantes por largos años, consideraban que le daban un servicio por el cual pagaban y podían cuestionar a un profesor que les pareciera demasiado estricto o que vieran en sus planteamientos una ideología socializante. La frase ‘no me gusta su metodología formativa y recuerde que yo le estoy pagando su sueldo’ era bastante frecuente.

Lo anterior no es de extrañar, la dictadura eliminó de los planes formativos de la enseñanza escolar, la educación cívica, la filosofía y las ciencias sociales. Eso, sumado al individualismo y a la competitividad a ultranza transforman esta sociedad en consumidora de productos de un buen marketing –incluyendo la arquitectura– y lleva a que algunos digan, por ejemplo, que innovan como alternativa en la producción habitacional social –lo que denominan vivienda incremental– cuando la progresividad en las viviendas es de larga data, como lo constatan numerosas investigaciones académicas, de fundaciones, de organizaciones sociales y programas públicos.

En el caso chileno, la sumatoria de situaciones, que demostraban un profundo divorcio entre las políticas públicas y la sociedad, en que sectores mayoritarios acumulaban rabia, desesperanza, frustración, etc. frente a los abusos en todos los planos (salud, trabajo, educación, pensiones, vivienda, etc.) del modelo neoliberal, generó el estallido social de octubre del 2019 y el posterior acuerdo que ha concluido con la Convención Constitucional, actualmente en pleno desarrollo para lograr su cometido dentro de los plazos estipulados.

S.C. Y a eso le agregamos las preguntas ¿cómo se hace en Chile con este cambio de gobierno y de ideología?, ¿cómo piensas que va a ser esa transición en el gobierno, en relación a la formulación de políticas públicas?

R.S.O. Estimo que va ser muy complejo, debido a la carencia de educación cívica de la sociedad, pues prima lo inmediato. Entonces, a los cuatro meses van a ver que seguimos igual y van a empezar a realizar protestas –de hecho, ya las están promoviendo– de parte de los sectores anárquicos, no de izquierda o derecha; y eso sí significa que las nuevas autoridades gubernamentales deberán tener un manejo y una gran capacidad de negociación. Hoy día el Senado chileno está equilibrado desde el punto de vista ideológico, por lo que todo tendrá que conversarse y negociarse. Por lo tanto, los cambios van a tener que ser paulatinos. No hay otra forma, si no se va a producir una crisis institucional fuerte.

Un desafío importante para avanzar en el cumplimiento del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric será el generar amplios espacios de concertación entre los diversos actores de la sociedad, fortaleciendo la capacidad de negociación, en especial de las comunidades y agentes locales, para lo cual deberán generarse programas de capacitación y fortalecimiento, que atenúen las miradas altamente ideologizadas y las tentaciones que la corrupción ofrece y que siempre estarán presente.

En mi experiencia como profesor de la asignatura Modelos y Estrategias de Participación en Políticas Públicas de la Maestría en Dirección y Administración de Proyectos Inmobiliarios (DAPI) de la Universidad de Chile, donde mayoritariamente los estudiantes provienen del área inmobiliaria y buscan capacitarse para maximizar las rentabilidades, logramos consensuar propuestas que contemplaban las distintas miradas de los actores involucrados y cómo ellos podían generar rentabilidad a través de una negociación que también permitiera ganar al entorno de la intervención y de este modo, generar mayores beneficios al inmobiliario (por ejemplo, un mayor reconocimiento de la sociedad por aportes al entorno). Esto me convence de que es factible avanzar. La clave está en que todos puedan obtener algún tipo de beneficio.

Ellos desarrollaron sus tesis sobre proyectos reales donde aparecían diversas situaciones de conflicto en el desarrollo inmobiliario y el entorno del terreno a intervenir. Por ejemplo, situaciones en una zona de expansión urbana con un área industrial y un área habitacional donde se presentaba todo un conflicto en sus límites. Sin una negociación para que coexistieran ambas funciones hubiera sido muy complicado y, a la larga, se hubiera perdido el proyecto de ese desarrollador inmobiliario. Se podía resolver el conflicto cediendo parte del terreno para la generación de un espacio público y, de este modo, beneficiar a todos los actores involucrados.

En términos de política habitacional chilena son interesantes las acciones de gestión y negociación de actores en las experiencias del Programa de Integración Social con participación de diversos actores (municipios, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, privados, comunidades) o los logros alcanzado por grupos de habitantes organizados tales como UKAMAU o el Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL).

S.C. Esa transición me interesa. En Rosario, el municipio está trabajando actualmente en promover la integración territorial creando nuevas áreas de tejido residencial en zonas en donde coexisten viviendas con áreas productivas y logísticas, y eso es muy difícil. Además, es preocupante que deje de haber zonas rurales. ¿Cómo se resuelve esa área de transición?

R.S.O. Primero, en el ejemplo que he dado, las zonas industriales no eran peligrosas en áreas de expansión urbana (no eran contaminantes). Por lo tanto, era una zona industrial cuyo problema principal era la coexistencia de funciones residenciales versus el alto flujo de camiones y trabajadores a determinadas horas y que, en la noche, dicho espacio se transformaba en un espacio muerto, sin control social, afectando la normal vida de los residentes (típico cambio de un espacio, de lugar a no lugar). Esto generaba resistencia entre los habitantes. Al abrirse a dialogar con las comunidades vecinas, se logró un acuerdo: generar un espacio de amortiguación de estas funciones urbanas, mediante una franja de equipamientos y áreas verdes. Probablemente, al gestor inmobiliario, en el corto plazo, le significaba una menor rentabilidad, pero al generar este espacio de diálogo, aumentaba el nivel de satisfacción de los vecinos del área residencial y mejoraba su rentabilidad al evitarse conflictos posteriores.

Otro caso es un desarrollo inmobiliario en una pequeña localidad, al que se oponían los residentes. Se generó un espacio de negociación entre los residentes e inversores, que se tradujo en que el inmobiliario financiara una Escuela de Artes y Oficios, que en el fondo también le servía a él, pues generaba mano de obra calificada.

Se puede ir avanzando en ese tipo de experiencias, que implica una mirada más amplia que los fundamentalismos ideológicos que terminan por dañarlo, pues proponen en blanco o negro, habiendo una gran gama de grises que permiten no perder el foco estratégico de que le estamos resolviendo un problema a seres humanos, no a un número de un déficit.

Figura 1
Villa para trabajadores de empresa forestal en la Comuna de Constitución (vivienda progresiva diseñada por Elemental).
Fotografía: Rubén Sepúlveda.

S.C. Dentro de esta nueva etapa de gobierno en Chile ¿se podría dar un encuentro entre el Estado, el mercado, los colegios profesionales, la academia y los sectores sociales hasta ahora más desfavorecidos para lograr un nivel de consenso y concertación en la producción del hábitat?

R.S.O. No solo deberíamos preguntarnos si es factible generar un encuentro entre los diversos actores para lograr consensos, sino que es imprescindible para avanzar en el programa de gobierno de Gabriel Boric[4], pero también para aprobar la nueva constitución.

En mi opinión, la necesidad de aprobar una nueva Carta Magna se reflejó en el 80% de aprobación de la Convención Constitucional[5], que está en plenas funciones, pero que puede tener una más baja aprobación por parte de la sociedad una vez concluido el trabajo de los constituyentes (votación obligatoria), porque han surgido iniciativas maximalistas que tienen que ver con la incapacidad de algunos constituyentes de negociar, por el peso de los egos o por excesivo ideologismo, que también, son muy fuertes en nuestra disciplina.

Creo que hemos avanzado, a nivel de América Latina, en que hay un consenso de que no se puede hablar de vivienda aislada de las demás políticas públicas. Otra cosa es que se implementen en lo inmediato.

L.G. Evidentemente cada sector está comenzando a abrir su visión sobre el tema. Ahora el objetivo es lograr que se encuentren y que se den cuenta de los puntos en común, para trabajar juntos obteniendo cada uno el beneficio que persigue.

R.S.O. Sí, y ahí hay un rol clave de los niveles regionales y locales. En el caso chileno, los locales, los municipios son la clara presencia del Estado en el territorio comunal y realizaron una excelente tarea enfrentando la pandemia del COVID-19. Pero también, son las instituciones donde con mayor frecuencia se producen hechos de corrupción o narcocorrupción. Pero si se fortalece la acción de las comunidades debidamente capacitadas y se fortalecen desde los niveles centrales y regionales estrategias evaluativas, sin lugar a dudas que se mejorarán.

En Chile se están haciendo planes urbanos habitacionales. Eso es bueno porque significa que el Estado define lineamientos organizativos y estratégicos con los cuales los actores intervendrán para construir tejido de ciudad. Hasta ahí vamos bien, pero el problema es que dicho plan se realiza en el nivel central con consulta al nivel regional y debiera ser al revés.

Estimo que en este nuevo período se va a trabajar en ello. Conozco a quien asumirá como Ministro de Vivienda y Urbanismo. Es alguien que ya ha trabajado en el tema, que conoce este enfoque integral, por lo que pienso que se podrá avanzar en forma sostenida en esa línea.

Volviendo a la parte formativa, mayoritariamente los planes de estudios de Arquitectura en América Latina están enfocados a una producción arquitectónica mercantil y reniegan de los aportes que pueden hacer las comunidades que están involucradas. Entonces formamos profesionales eficientes en la lógica mercantil-objetual centrada en sus cualidades formales, estéticas, funcionales, y estructurales validadas y aduladas por los pares, desconociendo o suponiendo las características de los individuos, las relaciones sociales y los procesos que se derivan de la producción e impacto de dichos objetos.

Al formar parte de las Comisiones de Título debo reconocer que varios egresados han presentado propuestas sustentadas en un enfoque integral del hábitat, tanto en proyectos de densificación en áreas pericentrales, microdensificación en lotes existentes, viviendas sociales evolutivas etc., todas ellas considerando la participación de los habitantes y aportando soluciones técnicas para abordar los desafíos del cambio climático.

En nuestra Facultad de Arquitectura y Urbanismo, la carrera de Arquitectura[6] se orienta a que sean profesionales con un alto compromiso con el servicio público con un gran sentido de responsabilidad social formados para proyectar, planificar, diseñar, materializar la propuesta, gestionar y coordinar las acciones. La nueva malla curricular está conformada por tres ciclos. Cursado el primer ciclo (primer y segundo año) se puede elegir una línea de especialización: política pública, sustentabilidad, materiales, etc. El problema es que estas líneas se deben integrar pues, por ejemplo, si tengo que plantear una política pública, hoy en día tengo que tener una visión clara de sustentabilidad.

Figura 2
Densificación en el centro. Av. Santa Isabel, Comuna de Santiago (subsidio para sectores medios, promoción inmobiliaria privada).
Fotografía: Rubén Sepúlveda.

Un tema pendiente de debate en mi opinión es qué rasgos específicos debe tener un profesional egresado de una universidad pública, más allá de la propuesta arquitectónica mercantil y meramente objetual.

Recuerdo que cuando yo ingresé a la facultad en los inicios de la década de los setenta en la universidad decían: ‘los edificios propuestos por nuestros egresados son medio feos, pero no se caen’. Luego, con el posmodernismo, vinieron las grandes declamaciones arquitectónicas, obras que no se podían construir pero que tenían un manifiesto por detrás, y hoy día, mayoritariamente son un híbrido, pero en mi opinión eso es responsabilidad de los equipos docentes y no de los estudiantes porque no hemos tenido una discusión seria de qué esperamos del profesional egresado de nuestras aulas.

Venettia Romagnoli. Varias de las cuestiones que te queríamos preguntar ya las respondiste en tu relato y muy en consonancia con la necesidad de abordaje integral de la problemática del hábitat. Recuperando, por un lado, lo que nos contaste en la primera parte de la conversación acerca de entender la política habitacional como un escenario de disputa de actores, donde el Estado es un actor que debería ejercer un rol protagónico, como dice Ian Gough ‘intermediando entre las necesidades del capital y las necesidades de las personas’, ¿cómo crees que se puede resolver esta necesidad en nuestros estados latinoamericanos atravesados por la corrupción, en donde el mercado tiene más peso para presionar y lograr que las políticas públicas respondan más a los intereses del capital que a las demandas de los actores sociales? Por otro lado, si a esto se agrega que somos un grupo reducido de arquitectos que tenemos una mirada crítica, enfocada desde la complejidad y que, si bien hay algunas materias de la currícula que abordan los temas de vivienda y hábitat desde este lugar –como el caso de nuestra materia obligatoria en la UNNE– nosotros estamos atravesados por la lógica del mercado. ¿Cómo hacer entonces para que las lógicas de actuación social del sector académico, que en este concierto de actores hasta ahora ha sido un rol subordinado, puedan tener mayor peso en la formulación de políticas públicas? ¿Considerás que a partir de lo vivido estos dos últimos años a causa de la pandemia, donde se produjeron cantidad de encuentros y foros virtuales para tratar el tema de la vivienda, puede ser algo movilizador para que se generen cambios?

R.S.O. En primer lugar, considero que la pandemia permitió alumbrar la basura que estaba bajo la alfombra, como dije al inicio, y eso obliga a los distintos actores a tomar ciertas posiciones; por lo tanto, eso en sí, es un cambio. Por ejemplo, nos demanda a repensar el espacio público. Salvo algún fundamentalista del sembrado de unidades de vivienda, el resto va a entender que tiene que construir un tejido urbano (que tiene vivienda, equipamiento, servicios, diversidad social, etc.). Yo estimo que para allá vamos.

Un segundo punto es reconocer la necesaria acción colectiva de los distintos actores. Esto obliga, en relación a las políticas públicas, a generar espacios de negociación y concertación de actores, espacios de resolución de conflictos. El problema que yo veo es la debilidad de las comunidades, de la ciudadanía de ejercer eso. Es mucho más fácil para la mayoría tener un puntero político que los represente, a hacer cada uno fuerza colectiva. Y allí hay un tema: es necesario fortalecer a esos ciudadanos.

Un tercer aspecto es revalorizar la mirada de Estado –con grieta– pero mirada de Estado. La única forma de tapar esa grieta es generando puentes y allí hay que dejar de lado la vieja política de gobierno característica de América Latina.

Chile fue una excepción en este sentido. Desde 1978 impuso una ideología de Estado neoliberal donde las políticas urbanas y habitacionales se basan en la lógica del mercado (desregulado y sostenido en la austeridad presupuestaria) y están enfocadas en financiar y sustentar la oferta. Como consecuencia, quedaron relegadas las aspiraciones, requerimientos y particularidades de la demanda. Se construyeron mínimas unidades habitacionales que, por un lado, contribuyeron a disminuir el déficit, pero, por otro, propiciaron el incremento de la desigualdad en las ciudades al concentrar población en áreas alejadas de los centros con mayores atributos urbanos.

Esta exitosa política habitacional ha entrado en forma paulatina en crisis tanto por la carencia de un acceso al suelo con buenos atributos, por la regulación del mercado, por el menú de subsidios que burocratiza el proceso de gestión y acceso a una solución habitacional (que puede variar desde 12 a 30 años), como por el incremento explosivo de la migración y por el alza sostenida de los valores del alquiler, entre otros factores. Todo esto ha generado una crisis en materia habitacional (allegamiento, crecimiento explosivo de campamentos, familias viviendo en condición de calle) como lo demuestran las movilizaciones sociales.

Otro aspecto que nos develó la pandemia es que mayoritariamente la población chilena vivía en función de puros créditos (créditos sobre créditos) –yo siempre que voy a Argentina lo cuento– pero en pandemia mucha gente se quedó sin trabajo y como no pueden pagar los créditos y tampoco el alquiler, se vieron en la obligación de convertirse en allegados de algún familiar o bien pasaron a tomarse un terreno o a comprar un terreno de un especulador inmobiliario informal. Por ello en Chile hoy tenemos más de 900 campamentos (villas) que crecieron entre 2017 hasta ahora, o sea, desde el estallido social pasando por la pandemia.

Esta crisis habitacional obliga a cambiar las prioridades de una política habitacional. Va a obligar a generar estrategias, a mi juicio, de consolidación de ciertos campamentos pues no hay recursos suficientes para abordar la magnitud de la crisis, siendo un camino el incorporar en las alternativas de la política habitacional los procesos de gestión social del hábitat.

L.G. Esto que acabas de contar es algo que aquí desconocíamos.

S.C. Yo recuerdo que hace unos años atrás habías contado que Chile había pasado del problema de los sin casa al de los con casa debido a la repetición indefinida del mismo prototipo en urbanizaciones de gran tamaño.

Figura 3
Villa San Miguel 4, comuna de Puente Alto (Programa de Vivienda Básica, década 90).
Fotografía: Rubén Sepúlveda.

R.S.O. Hoy en día es todo muy complejo. Todas las invasiones de terreno hasta el año 73 obedecían a una lógica política, por la demanda de una vivienda, había una organización. Hoy día un porcentaje importante de los campamentos están manejados por mafias ligadas al narcotráfico que se aprovechan de la situación crítica de familias carentes de un techo.

De acuerdo a un trabajo de investigación de una estudiante –en que soy su profesor guía– sobre el tema de los asentamientos consolidados precarios en una comuna de Santiago, se constata a través de dos casos la extrema necesidad frente a la incapacidad del sistema político, económico y social de mantener a su población bajo condiciones de bienestar mínimos que se manifiestan a través de una estrategia fuera de la regulación estatal y legal. En una de las tomas, se presenta espacialmente una organización política clara configurada por tramas urbanas y lotes definidos con incluso una escuela básica popular y en la otra, una extrema densificación producto del especulador informal que optimiza el terreno tomado (un antiguo vertedero en proceso de consolidación, escenario de frecuentes disputas entre sus ocupantes, nativos y migrantes).

L.G. Lo que denominas como campamentos ¿es similar a lo que sucede en la costa oeste de Estados Unidos, donde en grandes ciudades tienes cientos de personas habitando en carpas en la vía pública o es más cercano a nuestras villas?

R.S.O. La definición más común es que los campamentos son asentamientos donde ocho o más familias habitan viviendas agrupadas o contiguas que se encuentran en una situación irregular de tenencia del terreno y carecen de acceso regular a uno o más servicios básicos de la vivienda (agua potable, energía eléctrica y alcantarillado). En la actualidad son producto de acciones individuales o de promotores inmobiliarios informales con una lógica mercantil, salvo algunos casos que corresponden a una estrategia política de acceso a la vivienda. También, se constatan numerosos conflictos sociales con el entorno (problemas de convivencia, narcotráfico, ruidos, etc.).

Figura 4
Campamento 21 Mayo en la Comuna de Colina (toma de terreno).
Fotografía: Felipe Nuñez.

L.G. Toda Latinoamérica está presentando la misma situación.

R.S.O. Años atrás, estando en Colombia, me decían ‘ojalá ustedes, en el cono sur, nunca tengan que convivir con territorios dominados por el narcotráfico, por la ausencia del Estado’ Situación que hoy vivimos.

L.G. Quizás esto también esté dado por los movimientos de población de diferentes países latinoamericanos –por distintos motivos– hacia otros y con ello también se desplazan otras actividades que no tienen nada que ver con la necesidad de una mejor calidad de vida.

R.S.O. Los movimientos migratorios han añadido un ingrediente más a la carencia del déficit habitacional y generan nuevos desafíos que se deben considerar en el diseño de las políticas públicas. Se ha observado que los habitantes nativos en las tomas construyen con una materialidad liviana, porque entienden la toma como un paso para acceder a una solución habitacional proporcionada por el Estado, mientras que los migrantes construyen con materialidad sólida (albañilerías, bloques de cemento, etc.) como ocurre en sus países de origen (Venezuela, Haití, Colombia, etc.) en los denominados asentamientos informales.

Para finalizar quiero enfatizar que, como académicos, vamos a tener que seguir luchando por generar una formación interdisciplinaria real, para que los arquitectos cuenten con capacidades para dar respuesta a las demandas y aspiraciones de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

Para ello, es necesario también cuestionar la denominada industria académica del paper, que nos lleva a una competencia a ultranza por publicaciones de alto impacto, que muy pocos leen o poco inciden en el diseño de políticas públicas. En el ámbito específico de nuestra disciplina, es necesario fortalecer las propuestas arquitectónicas y urbanas que consideren el proceso social involucrado, requiriendo la participación organizada de los habitantes y la cooperación de variados actores según el contexto donde se actúa.

Notas

Notas de autor

Información adicional

CÓMO CITAR: Sepúlveda Ocampo, R., Romagnoli, V., Cáceres, S. y Gurría, L. (2022). Reflexiones acerca de la formulación y puesta en acción de políticas habitacionales en Latinoamérica. A&P Continuidad, 9(16), doi: https://doi.org/10.35305/23626097v9i16.379

Enlace alternativo

https://www.ayp.fapyd.unr.edu.ar/index.php/ayp/article/view/379 (html)