Introducción

La cuestión de la vivienda ha sido muy relevante en la historia de América Latina, y tomó escala regional como problema desde los años 70, cuando el pensamiento crítico de las teorías de subdesarrollo y de la dependencia suscitó una amplia gama de reflexiones acerca de las modalidades de suburbanización, y particularmente en relación a las formas de producción de la vivienda en debates como el que se dio entre Pradilla (1982) y Turner (1977) –del que muy bien dio cuenta Raúl Fernández Wagner en “Los mil barrio informales” (Cravino, 2001)– marcando un punto de inflexión respecto de las políticas de erradicación y tabula rasa sobre los asentamientos informales. Desde entonces, la cuestión de la vivienda se comenzó a tomar de manera más integrada, ya no solo atendiendo a sus condiciones materiales y formas de producción, sino en la relación con el entorno, su localización, las posibilidades de acceso a servicios básicos y equipamientos, así como también, los aspectos sociales y culturales de la población que las habitaban. En consecuencia, se comenzaron a definir políticas, ya no dirigidas únicamente a la erradicación de las viviendas informales, sino a atender a los barrios. El conocimiento de las especificidades materiales de cada uno de estos y la organización comunitaria fue adquiriendo importancia en la medida que resultaba fundamental para su integración a la ciudad. También, surgieron nuevas formas de urbanización de los sectores populares que lograron establecer un vínculo diferente con los gobiernos en términos de su voluntad regularizadora.

Desde su origen en la década de 1980 en la periferia metropolitana del Gran Buenos Aires (GBA), las tomas de tierra o asentamientos han sido caracterizados desde sus especificidades vinculados a una idea de barrio a futuro, donde no solo se buscaba cierta regularidad imitando la trama de los barrios del entorno, sino que además se trataba de respetar las reglamentaciones vigentes en términos espaciales. Se trataba de ocupaciones organizadas, donde cada familia autoconstruía su vivienda, luego de delimitar sobre el terreno las calles, manzanas y lotes, y adjudicarse las parcelas, previendo espacios para futuros equipamientos.

Diversos autores han trabajado estas especificidades desde las formas organizativas en el barrio, con organizaciones que se identificaban como apolíticas en los primeros años de la vuelta a la democracia (Izaguirre y Aristizabal, 1988), desde los vinculos con militantes políticos (Prevot-Shapira, 2009) o con los gobiernos durante la década de los noventa (Merklen, 1997). En las últimas décadas los estudios se centraron en las relaciones entre las organizaciones políticas de base con los gobiernos y los habitantes de los barrios (Cravino, 2018; Di Virgilio, Arqueros Mejica y Guevara, 2012). En estos trabajos se han ido caracterizando diversas participaciones en el proceso de tomas de tierras (desde las instituciones gubernamentales con sus programas o acciones directas, organizaciones sociales, organizaciones políticas de base, familias organizadas, comisiones vecinales, o loteadores informales) así como también, se dio cuenta de múltiples espacialidades resultantes, aunque esta dimensión del espacio construido aún no fue lo suficientemente explarada en lo procesual.

Aquí se sostiene, que más allá de la mirada idealizada respecto del proceso de tomas de tierras, a lo largo del desarrollo de los barrios que se analizarán no hubo un horizonte de sentido único definido por sus habitantes, sino que se fueron superponiendo u oponiendo formas de construcción, uso y apropiación del espacio según momentos específicos, definidos en la mutua relación entre espacio y sociedad, de un territorio que en escala fue más allá de los propios barrios.

Sobre este supuesto, el artículo hará foco en la relación entre los entramados actorales y las formas urbanas que se ponen en juego en el territorio a lo largo del proceso de desarrollo de los barrios Unión Néstor Kirchner (UNK) y Santa Librada (SL) del municipio de José C. Paz (JCP), a los fines de iluminar las formas de construcción, uso y apropiación del espacio, y con ello dar cuenta del lugar que ocupó la vivienda en los diferentes momentos.

Este trabajo es el resultado de una investigación doctoral en desarrollo, que se apoya en un equipo de investigación desde el cual se han realizado diferentes avances en lo metodológico y conceptual[1]. En cuanto a materiales, se recurrió a entrevistas semiestruc­turadas a actores claves, la elaboración de cartografía analítica mediante la utilización de imágenes satelitales, y otras fuentes documentales.

En adelante se presentan tres apartados. Inicialmente se hace referencia al marco conceptual y la metodología. Luego se trata el caso de estudio desde el proceso de construcción de los barrios. En tercer lugar, se dedica un apartado específico de reflexiones y las palabras de cierre.

En lo conceptual, se parte de la consideración de que la materialidad del territorio tiene capacidad de incidir en las relaciones sociales, las prácticas y las representaciones culturales, así como a su vez este es el resultado del poder transformador de ellas. Es decir, se dan mutuas determinaciones que resultan en la noción de territorialidad urbana, entendida como “la capacidad del lugar para influir en el comportamiento social, valorando aquellos aspectos (condiciones y potenciales de los diversos recursos territoriales) que afectan positivamente los procesos de desarrollo y rehabilitación” (Dematteis, 2006).

El análisis del espacio físico se apoya en los trabajos de los arquitectos y urbanistas sobre las formas urbanas que ponen el foco en el análisis en las relaciones entre diferentes elementos (suelo, trazado, parcelación, edificación, servicios y equipamientos), pero no desde una mirada estática como la que se utiliza habitualmente en los estudios morfológicos o tipológicos, sino considerándolos todos ellos en proceso desde una perspectiva como la que definió Solá Morales (1997) con las “formas de crecimiento urbano”. Es decir, son los elementos desde sus relaciones en proceso.

Respecto del estudio de los actores y sus relaciones, muestran su potencia las perspectivas analíticas que permiten reconstruir el proceso de tomas de decisiones, el conflicto y las articulaciones, entre múltiples actores. En ese marco, tal como señalan Lascoumes y Le Galés (1984) se entiende que es preciso desarmar la idea de Estado como un ente monolítico con una dirección de tipo jerárquica, racional y estática de sus acciones y políticas . Bajo ese prisma de la “acción pública”, se entiende, tal como lo señala Thoenig (1997) que el poder público no tiene el monopolio de lo político, y las transformacio­nes –en este caso la extensión de los asentamientos– “se da en una ‘arena’ en la cual coexisten diferentes lógicas y valores, modalidades muy diversas, co­yunturas e intervenciones planificadas, racionalidad técnica y elecciones políticas, experticias científicas y compromisos militantes, programación y concerta­ción” (p. 30). A partir de ello, los entramados actorales de cada momento del proceso se deben considerar en esas relaciones entre actores, en una escala que va más allá del propio barrio y de quienes lo habitan, ya que los actores del entramado lo constituyeron todos los que se encontraron implicados en el proceso de construcción de los barrios (entendiendo que esta construcción no es lineal y que algunos actores operaron en su construcción desde la oposición al desarrollo del barrio en los términos en que se dio).

En lo metodológico, la puesta en contraste de diferentes imágenes satelitales, de distintos períodos, permitió visualizar las delimitaciones de algunos lotes, las edificaciones, los trazados, y otros elementos que hacen a las formas urbanas, permitiendo la elaboración de cartográfica en cortes temporales. Sumado a ello, las entrevistas semiestructuradas a actores claves permitieron reconstruir sus discursos, y posiciones.

El trabajo se nutre de un importante corpus de investigaciones con sede en el Instituto del Conurbano (ICO), que han abordado el estudio de las transformaciones territoriales sobre las bases de las nociones de territorialidad y acción pública (Catenazzi, 2019), entendidas en los términos expresados, y con el estudio de las especificidades materiales del espacio construido explorado desde la construcción de cartografía interpretativa (Colella, 2021; Potocko y Cañellas 2019; Feld, 2016).

El proceso de ocupación

Los barrios UNK y SL se encuentran ubicados en una zona alejada del centro del municipio de JCP[2] (Fig. 1) y comenzaron a darse a partir de una serie de tomas y loteos desde el 2011 sobre un predio privado de 110 hectáreas, que a ese momento se encontraba baldío con tan solo una vivienda al centro que correspondía al cuidador, y un arroyo que lo atravesaba en diagonal en sentido norte-sur.

Históricamente, desde la conformación del municipio en el año 1994, después de su escisión del municipio de General Sarmiento y luego de un primer gobierno local, con la asunción de Mario Ishii como intendente, la gestión municipal se dio de un modo verticalista centrada en la figura del intendente[3], cuestión que no cambió durante el tiempo que Carlos Urquiaga lo sucedió luego de haber ganado las elecciones en el año 2011. Estos intendentes impulsaron diversos proyectos vinculados a salud y educación, así como también se gestionó la instalación de viviendas de interés social con financiamiento del gobierno nacional.

A partir de las entrevistas a actores clave y de la consulta a los periódicos locales, se pudo determinar que, habiéndose agotado la mayor porción de tierras vacantes del territorio municipal y, considerando que en un contexto de inflación creciente el financiamiento para las viviendas encontró su límite dejando barrios sin terminar, se comenzó a considerar la posibilidad del desarrollo de un Polo Productivo mediante la compra del predio a sus dueños. Aunque las tentativas no tuvieron éxito inicialmente.

Figura 1
Ubicación de los barrios en el municipio y el GBA.
Fuente: Elaboración propia con Q-Gis (2022)

Con las primeras ocupaciones, en torno al proceso de conformación de los barrios se fueron congregando y construyendo diferentes actores, con diversas articulaciones, así como además se dieron múltiples formas urbanas. Hay tres momentos en cuanto a las formas de construcción, uso y apropiación del espacio, que se desarrollarán en detalle a continuación

Entre la organización barrial y las definiciones extrabarriales

En un primer momento, en enero de 2012[4], se registraron loteos promovidos por un grupo de personas vinculadas a los trabajadores de Obras Públicas del municipio que estaban desarrollando las tareas para la canalización del arroyo, acompañado de varias ocupaciones organizadas por grupos de familias que fueron ingresando al predio en varias “oleadas”[5] tomando y delimitando lotes o comprando –con pago de por medio– los ya loteados. En esta primera instancia, cuando lo que estaba en juego era la permanencia o desalojo del predio, la organización barrial, a través de comisiones vecinales, apoyada en organizaciones políticas y sociales de base, resistió intentos de desalojo confrontando con el gobierno municipal y los propietarios que habían iniciado una causa judicial, mientras los barrios fueron tomando forma de manera muy precaria en la delimitación de los lotes, los trazados y el acceso a la luz eléctrica. A continuación, se describirá en detalle.

Al mes del inicio de los loteos y ocupaciones ya se registraban cerca de 800 casillas precarias y carpas, tanto al oeste del arroyo (barrio SL) como al este (barrio UNK) tal como lo muestra el plano realizado a partir de la puesta en contraste de diversas imágenes satelitales (Fig. 2). Puede verse la vivienda del cuidador al centro por el acceso en la calle Las Tres Marías, con un sector que no se ocupó en su entorno, ya que el cuidador opuso resistencia a la toma. Además de los rellenos, cavas y basurales del terreno, se distingue una serie de canchas de futbol en el perímetro del predio que eran utilizadas por los vecinos de los barrios cercanos. Si bien los trazados aún se encuentran poco definidos, se puede apreciar una distribución de lotes que en algunos casos dejaba espacios de circulación, y en otros armaba manzanas compuestas por lotes de aproximadamente 10 metros de frente por 30 de largo.

Respecto a las relaciones entre las edificaciones y la parcelación que se daban en ese momento, la figura 3 muestra que las casillas y carpas predominan frente a las edificaciones de materiales sólidos, así como también por sobre las viviendas en construcción, que por encontrarse en ese estado permanecían desocupadas. Sumado a lo anterior puede verse una importante cantidad de casillas y carpas sin la definición del lote, o al revés, parcelas bien delimitadas, pero sin ocupación.

Figura 2
Los barrios a un mes de su origen en 2012
Fuente: Elaboración propia (2022)

Figura 3
Los barrios a un mes de su origen en 2012. Las relaciones entre edificaciones y parcelación.
Fuente: Elaboración propia (2022).

Con lo anterior, los primeros pasos hacia la conformación de una organización vecinal estuvieron impulsados desde afuera, esto es, por el municipio, a través de la Dirección de Organizaciones Sociales de la Secretaría de Gobierno, que tuvo por objetivo la participación en la conformación de una comisión barrial con delegados por manzana. Con este objetivo, según plantearon los funcionarios, se había conformado la primera mesa de delegados genuinos con “gente que había ido ahí a tomar porque no tenía a donde vivir” y que llegó a estar compuesta por 20 delegados en representación de aproximadamente 100 familias.

Desde esta comisión se buscó mantener la toma en el estado que se encontraba en cuanto a la cantidad de familias que la integraban, evitando el loteo de partes del predio. Pero los loteos lote a lote se siguieron dando. Según se pudo reconstruir mediante las entrevistas, con la extensión de la toma, a pocos meses de iniciada, quienes habían desarrollado loteos, quemaron casillas en búsqueda de retomar el control por sobre la organización barrial y continuar con el loteo. Frente a ello, los delegados del barrio, acompañados por representantes de la Dirección de Organizaciones Sociales, desarrollaron una protesta frente a la sede del gobierno municipal. Donde además los vecinos acusaron al personal del municipio que se encontraba presente en el lugar como los partícipes de ese loteo inicial.

A partir de lo ocurrido, y sin haber llegado a un acuerdo con la intendencia, desde esa manifestación se rompió la posibilidad de diálogo directo de los habitantes o representantes del barrio con el gobierno municipal. Tal es así que la Dirección de Organizaciones Sociales retiró su participación en el proceso. Más tarde, su directora renunció al puesto. Y al mismo tiempo, la Comisión vecinal perdió legitimidad frente a las familias, con lo cual se renovaron las autoridades conformándose una nueva Comisión.

Las imágenes (Fig. 4 y 5) ilustran las condiciones materiales de las viviendas y lotes a unos pocos días del inicio de la ocupación y loteo, con algunas cintas que delimitaban los lotes.

Figura 4
Primeras ocupaciones.
Fuente: fotografías anexas a denuncia por usurpación por parte de los dueños. (2012).

Figura 5
El barrio a unos meses de la ocupación.
Fuente: Facebook de la organización política El Pueblo es el Camino (2012).

Con la nueva Comisión que se conformó, además de sumarse en representación nuevas familias, se abrió la posibilidad de que algunos participantes tuvieran una pertenencia política partidaria. A partir de ello se pudieron elegir delegados vinculados al Frente Transversal y al Movimiento Juventud Peronista Evita. Particularmente con este último, la relación fue cambiante a lo largo del tiempo, pasando de una instancia en que había acuerdo respecto de que no se debía hacer política partidaria desde la Comisión, a otra en la que se comenzó a utilizar la pertenencia política como una herramienta de negociación con el gobierno municipal. Esa relación puede verse claramente expuesta en las declaraciones de uno de los integrantes de la agrupación El Pueblo es el Camino del JP Evita, que también ilustra las relaciones con el municipio en términos político partidario: “la Comisión nos dice: ‘no queremos que ustedes vengan con banderas, ni remeras… no queremos que vengan a hacer política’. Aceptamos, y después con el tiempo, ellos mismos nos pidieron que pongamos la bandera, la poníamos y lo tomamos como un instrumento en ese momento” (Comunicación personal).

Con el paso de los meses, la Comisión vecinal se fue consolidando y ampliando con la participación de nuevos delegados y subdelegados por cada manzana que se iba definiendo. Se llegó así a un total de 54 manzanas con sus respectivos representantes, al año del inicio de los barrios.

Con la participación de la agrupación El Pueblo es el Camino se logró el establecimiento de un potrero (un lote destinado a cancha de futbol que también servía a los fines de encuentros vecinales) así como se desarrolló un merendero, y una capilla que sirvió para fortalecer los lazos con la Pastoral Social, que apoyaba el no desalojo de los vecinos.

En síntesis, a partir de lo anterior, se evidencian cuatro posiciones diferentes en el entramado actoral de este primer momento: uno, los propietarios que deseaban la restitución de la propiedad; dos, los loteadores que buscaban obtener ganancias, o respondían a otros fines vinculados al gobierno municipal; tres, el gobierno municipal que tenía por fin último el desarrollo del parque industrial; y cuatro, los habitantes y algunas organizaciones políticas, nucleados en la Comisión vecinal. Entre esas diferentes posiciones predominaba una relación conflictiva.

El barrio proyectado, en la tensión entre posibles adjudicatarios y desalojados

En el segundo momento, diferentes instituciones desarrollaron proyectos sobre el predio, inicialmente con la mediación del poder judicial. Más adelante, el gobierno municipal junto a los propietarios, formularon un convenio por el cual acordaban la construcción de un parque industrial en el predio, lo que implicaría la relocalización de parte de la población en un sector del mismo. La posibilidad de aprobación del convenio implicaba el acuerdo con los habitantes del barrio, que debían aceptarlo en una mesa de mediación dispuesta por el juez. Ello generó divisiones en la organización vecinal entre quienes podrían ser adjudicatarios de los lotes en la relocalización (Ciudadanos con domicilio en JCP) y quienes podrían ser desalojados (todos los habitantes del barrio que no tuvieran domicilio en JCP). A continuación, se describirá en detalle.

Frente a la denuncia de los propietarios del predio, se abre una causa caratulada como de usurpación, entendiendo así que el hecho se había dado mediante el ejercicio de violencia y/o en clandestinidad sobre un inmueble del que se estaba haciendo efectivo ejercicio de posesión por parte de los damnificados (propietarios). Si bien ello no era un dictamen final, permitió ordenar el desalojo de los ocupantes.

Ordenado el desalojo, la Comisión Nacional de Tierras (CNT) intervino pidiendo una medida de suspensión de la misma ante el juez y planteó la posibilidad de abrir una mesa de diálogo entre los propietarios y el gobierno municipal. En ese sentido el juez convocó a representantes de organismos del ejecutivo a nivel municipal, provincial y nacional, además de los propietarios, y puso en suspenso la orden que se mantuvo con vencimientos y renovaciones quincenales o mensuales durante un año.

A lo largo de diferentes encuentros se fueron barajando alternativas respecto a las posibilidades de desalojo, de reubicación de la población o de urbanización del barrio. Desde esos encuentros (que constan en expedientes judiciales a los que se pudo acceder) puede verse con claridad el posicionamiento del municipio a través de su Secretaría de Legal y Técnica en relación a las intenciones de desalojar y reubicar a la población, a fin de desarrollar un polo productivo, contrastando esta posición con la CNT que proponía la urbanización del barrio. Los propietarios, por su parte, más allá de haber acusado mediante denuncias y carta al intendente respecto de la participación de personal del municipio en la toma, pudieron establecer un diálogo y llegar a un principio de acuerdo.

A partir de esos encuentros, en sede judicial y luego otros en el municipio, los propietarios y el intendente llegaron a firmar un convenio por el cual se comprometían a “impulsar conjuntamente, […] la creación de un parque industrial para su construcción, explotación y administración”. Y se reconocía como antecedente “la usurpación del inmueble […], lo que dio lugar al inicio de un juicio (…), sin que se haya logrado el desalojo de sus ocupantes”. Y, que con el objeto de “solucionar la problemática social” se acordaría que los propietarios, sujeto al cumplimiento de las condiciones, donarían con cargo a la municipalidad la cantidad de catorce (14) hectáreas con destino a vivienda social según lo dispuesto en el plano del anexo que integraba el convenio (Fig. 6). Con 480 lotes que serían entregados para que los propios habitantes construyeran sus viviendas mediante autoconstrucción.

Sobre lo anterior, el presidente de la CNT, en una carta al magistrado, señaló que surgían algunos interrogantes respecto del convenio. Su planteo indicaba que el convenio proponía desalojar a los “ocupantes actuales del predio” y que se instalaría vigilancia y construiría un muro perimetral. Y también sostenía que se planteaba el desarrollo de un loteo para viviendas, pero no que esos lotes iban a ser para las familias que en ese momento habitaban en el predio, y citaba el fragmento que dice que “los lotes serán vendidos por la municipalidad a la gente necesitada de José C. Paz al precio social que aquel determine”. Finalmente, se planteaba que según el relevamiento que se había hecho previdente entre la CNT y Desarrollo Social de la provincia, en el predio residían cerca de 600 familias, que provenían de otros municipios del GBA, además de JCP, así como de países de la región como Paraguay y Bolivia.

Figura 6
El Master Plan del parque industrial.
Fuente: elaboración propia a partir de la superposición sobre el Plano anexo del Convenio. (2022).

A partir de la firma del convenio, sin cambios a pesar de las inquietudes de la CNT, ya habiendo pasado un año del inicio de los barrios, el municipio –con acuerdo de los propietarios– presentó los planes ante los habitantes en la búsqueda de lograr consenso y llevar adelante el desalojo. Frente a ello la Comisión vecinal se dividió en dos. Por un lado, la minoritaria, concentró a gran parte de los residentes del municipio de JCP, y por el otro, la mayoritaria concentró a los habitantes de otra nacionalidad y provenientes de otros municipios.

En síntesis, a partir de lo anterior, se evidencian dos posiciones diferentes en el entramado actoral de este segundo momento: uno, vinculado a la aprobación del convenio de parque industrial, impulsado por el municipio, donde logró conglomerar a todos los actores institucionales (CNT, poder judicial, dependencias de provincia), los propietarios y una Comisión vecinal minoritaria, que con disidencias menores respaldaron la iniciativa; dos, vinculado a la consolidación del barrio y la continuidad del proceso de urbanización, la Comisión vecinal nucleó a las organizaciones políticas, asociaciones civiles y comunidades de diferentes nacionalidades.

Subdivisiones, loteos, densificación, y descomposición de la organización vecinal

En un tercer momento, viéndose frustrado el convenio y las posibilidades de desalojo, se archivó la causa judicial, a partir de lo cual se registraron nuevos loteos y ocupaciones en tierras de intersticios y cercanías de los barrios que aún permanecían sin ocupar, subdivisiones de lotes al interior de las manzanas y una densificación de las edificaciones. En esta instancia las organizaciones políticas de base tomaron relevancia frente a la organización vecinal que gradualmente fue desapareciendo. Se desarrollaron espacios de encuentro y equipamientos comunitarios en algunos sectores, mientras que en otros, organizaciones criminales fueron permeando y enfrentando la organización política barrial y comunitaria. A continuación, se describirá en detalle.

Frente a la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre quienes habían impulsado el convenio y la Comisión vecinal con representación mayoritaria, se abrió un momento diferente en el proceso. Habiendo pasado un año, la cantidad de familias se había incrementado significativamente, haciendo dificultosa la posibilidad de desalojarlas.

Coincidente con el desenlace de la mesa de mediación, los fiscales de instrucción solicitaron al juez la posibilidad de reabrir la instancia de recolección de pruebas, mediante la cual tomaron nuevas declaraciones indagatorias, entre ellas al subcomisario responsable de llevar adelante las instrucciones y al cuidador del predio, que les condujeron a entender que el ingreso fue por sectores donde no había cerco perimetral y durante el día, indicando que no se registró violencia y ni clandestinidad en el acto y que por ello no constituyó un delito de usurpación.

Con el archivo de la causa, y alejado de manera decisiva el riesgo de desalojo, la posición de las familias y la Comisión vecinal se vio fortalecida frente a la de los propietarios y el municipio. Pero esa posición duró poco tiempo ante el crecimiento que tuvo el barrio con nuevos loteos. No solo se dio un crecimiento importante de la cantidad de familias residentes, sino que, a partir de haber obtenido mayor seguridad en la tenencia, y con ello la posibilidad de vender la vivienda y lote, se dio un importante recambio poblacional, lo que impactó en la organización vecinal. Las cuestiones de decisión comunitaria fueron siendo dejadas de lado una vez resuelto el acceso a la luz eléctrica y logrado cierta legitimidad en la tenencia.

Hacia fines del año 2013, el barrio UNK ya poseía viviendas construidas con materiales sólidos y techos de losa, pensadas para ampliaciones futuras, que se habían dado sobre los lotes baldíos o como recambio de las casillas (Fig. 7).

También, con el crecimiento del barrio se comenzaron a registrar ocupaciones y nuevos loteos en intersticios de los barrios. Al sur del SL, en un sector que permanecía sin ocupar, se dieron varias tomas con loteos que fueron rápidamente desalojados por el municipio, que continuó con la iniciativa de la construcción del parque industrial en ese remanente de tierras.

Figura 7
El barrio a fines del año 2013
Fuente: Facebook de la organización política El Pueblo es el Camino (2012).

En los siguientes años, se fueron dando subdivisiones de lotes al interior de las manzanas y la densificación de edificaciones, completándose desde las calles perimetrales hacia el interior de los barrios y avanzando sobre el sector que aún no había sido completado del barrio UNK, por la custodia que había ejercido el cuidador. Ese completamiento al interior del barrio se dio a partir de un loteo gradual en donde el loteador aseguró el aprovechamiento del espacio, a partir de reducir los ejes de circulación a pasillos, que iban conectando los edificios realizados por los compradores. Los compradores de este sector, por su parte, realizaron edificaciones de gran volumen, en algunos casos de hasta tres pisos con viviendas para alquiler.

En esta instancia, las organizaciones políticas de base tomaron relevancia frente a la organización vecinal que gradualmente fue desapareciendo.

Para el año 2015, el barrio contaba con cerca de 1300 viviendas de materiales sólidos construidas, así como 360 en construcción, mientras que las casillas pasaron a ser minoritarias, lo que en suma arroja un aproximado de 1500 familias (Fig. 8). Además, las manzanas se habían consolidado dejando una serie de espacios de encuentro que se fueron desarrollando en torno a las canchas de fútbol y lotes que permanecieron baldíos. Sobre estos lotes se desarrollaron algunos equipamientos comunitarios a partir de los cuales las organizaciones políticas de base fueron ganando influencia y legitimidad, atendiendo cuestiones vinculadas a la salud, educación, alimentación y deportes.

Sobre ese mismo corte temporal del 2015, si se consideran las relaciones entre algunos elementos (Fig. 9), se advierte que el área menos consolidada correspondía a las tierras que había resguardado el cuidador, donde se presenta la mayor cantidad de lotes baldíos, y donde se encuentra la mayor cantidad de lotes con viviendas en construcción con materiales sólidos. En paralelo al loteo del área central, en algunas áreas se comenzó a subdividir los lotes en los frentes o hacia adentro, en los fondos de los lotes a los cuales se podía acceder por la nueva red de pasillos internos.

Al sur del barrio SL, el municipio delimitó el sector, con la realización de cavas y zanjas, para que la ocupación no continúe extendiéndose sobre el sector que preservó para la construcción del parque industrial.

Aparejado con todo lo anterior, y sobre todo a partir de la descomposición de la organización vecinal, las organizaciones criminales vinculadas al narcomenudeo fueron instalándose en el barrio en las áreas de los últimos loteos, valiéndose de la red de pasillos que le aseguraban mayor control del territorio, operando abiertamente en contra de las organizaciones políticas de base, la organización vecinal y las autoridades públicas. Esta cuestión colocó a los pobladores en condiciones de mayor inseguridad y vulnerabilidad.

Figura 8
Los barrios al 2015.
Fuente: Elaboración propia (2022).

Figura 9
Los barrios al 2015. Las relaciones entre edificaciones y parcelación
Fuente: Elaboración propia (2022).

En síntesis, a partir de lo anterior, se evidencia un entramado actoral de este tercer momento, donde los actores territoriales (habitantes organizados, organizaciones políticas y sociales, comunidades de diferentes nacionalidades), inicialmente representados por la Comisión vecinal mayoritaria ganaron terreno en relación a la posición de continuar con el desarrollo y urbanización del barrio, mientras que el municipio también continuó, en una posición más débil, con su iniciativa en un sector del predio. Los demás actores institucionales y los propietarios dejaron de tener peso en el proceso. En esta última instancia, tomó fuerza el mercado inmobiliario informal (en la venta de parcelas y viviendas) y las organizaciones criminales, mediante el control de ciertas áreas del barrio.

Conclusiones

Este artículo planteó que a lo largo del desarrollo de los barrios Unión Néstor Kirchner y Santa Librada no hubo un horizonte de sentido único definido por sus habitantes, sino que en ese proceso se fueron superponiendo u oponiendo formas de construcción, uso y apropiación del espacio según momentos específicos, en un territorio que en escala fue más allá de los propios barrios. Esa escala más amplia estuvo dada por la participación de múltiples actores de carácter institucional que incidieron en el proceso.

Se demostró que, en los tres momentos, las especificidades territoriales en proceso fueron diferentes, tanto en la conformación de los entramados actorales como en las formas urbanas. La lectura a partir de las cartografías interpretativas permitió reconstruir el proceso de ocupación iluminando las estrategias y recursos de los actores. Pudieron distinguirse los diferentes elementos de las formas urbanas en proceso y en sus relaciones, realizando aportes significativos al análisis propuesto.

A partir de lo anterior, si se superpusieran los diferentes planos que muestran los cortes temporales de los barrios podrían verse múltiples cuestiones en contraste.

Por un lado, la ocupación precaria con casillas y carpas se basaba en una organización barrial aún precaria y en la articulación conflictiva con otros múltiples actores, que también incidían en el proceso, custodiando partes del predio (el centro donde residía el cuidador), loteando otras (lotes baldíos) o interviniendo directamente mediante el desarrollo de obras (Fig. 2 y 3).

Por otro, el convenio de parque industrial supuso una superposición de formas urbanas diferentes a las existentes en el predio (Fig. 6). Estuvo impulsado por el municipio, que logró congregar en torno a sus intereses a múltiples actores, incluyendo el poder judicial, oponiéndose a las intenciones de continuar en el barrio y en el proceso de urbanización por parte de sus habitantes, y en ese sentido, condicionando la seguridad de la tenencia del suelo y por ello las posibilidades de edificar con materiales sólidos.

Luego de la resolución del proceso de judicialización y frustrada la aprobación del Convenio, se dio el fortalecimiento de la organización barrial y con ello también mayor seguridad en la tenencia del suelo y el desarrollo de espacios de encuentro y socialización en los barrios (Fig. 8). Al mismo tiempo se habilitó un mercado informal de suelo y vivienda que se reflejó en las subdivisiones de los lotes hacia adentro de las manzanas y generación de pasillos internos (Fig. 9) redefiniendo la estructura espacial del barrio desde las relaciones entre el trazado, la parcelación y las edificaciones.

Para finalizar, es preciso señalar que lo planteado hasta aquí es parte de una investigación que aún se encuentra en desarrollo y requiere continuar desde exploraciones en lo metodológico y conceptual.

Agradecimientos

A los vecinos y vecinas de los barrios, que han abierto las puertas a su conocimiento y experiencias. Especialmente, a los y las militantes de El Pueblo es el Camino.

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Notas

Notas de autor

Información adicional

CÓMO CITAR: Dombroski, L. J. (2022). Tomas de tierras promovidas, loteos informales y proyectos de viviendas de interés social, en barrios del noroeste del Gran Buenos Aires. A&P Continuidad, 9(16). doi: https://doi.org/10.35305/23626097v9i16.372

Enlace alternativo

https://www.ayp.fapyd.unr.edu.ar/index.php/ayp/article/view/372 (html)