Sobre los autores

Cuando comenzamos a definir la convocatoria del presente número siempre tuvimos presente a nuestro Maestro, el Arq. Víctor Pelli, uno de los referentes más importantes en América Latina en temas referidos al hábitat y la vivienda, debido a su relevante labor empírica y académica.

Víctor se caracteriza por utilizar las palabras exactas para definir las cosas y por su claridad para transmitir sus ideas y experiencias, cuestiones todas seguramente logradas gracias a su extensa labor como docente, investigador y profesional involucrado con las problemáticas sociales.

Su reconocida trayectoria, trabajando para garantizar condiciones adecuadas de habitar para los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad, le ha dado la certeza de que el hábitat debe ser coproducido tanto por quienes necesitan un hogar como por quienes han de proyectarlo, financiarlo y construirlo, y que esto debe ser consensuado y concertado previamente.

Seguramente cuando lea estas notas, nos diría que son demasiado elogiosas pues su humildad característica le haría sentirse incómodo frente a estas palabras. Pero quienes escriben esta presentación tenemos la necesidad de hacerlo y transmitir, a quienes lo lean y no lo conozcan, una aproximación a su genio y figura.

Nacido en Tucumán, se recibió de arquitecto en la Universidad de Buenos Aires en el año 1960, y desde 1965 reside en la ciudad de Resistencia– Chaco. Fue el creador, en 1967, del Instituto de Investigación y Desarrollo en Vivienda (IIDVi) el cual dirigió hasta 2011. Fue director de proyectos habitacionales experimentales de dicho instituto y formó parte de la elaboración de propuestas habitacionales no convencionales desde 1970 hasta el final de estas prácticas experimentales en el año 2000.

Fue el creador en 1987 y titular, hasta 2007, de la asignatura Gestión y Desarrollo de la Vivienda Popular en la carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste.

Alcanzó la categoría de Investigador Principal del CONICET e integró las comisiones asesoras del CONICET, hasta 1999, por la disciplina Arquitectura.

También fue Jefe de Proyecto en HABYTED, Subprograma de Vivienda Social del Programa Iberoamericano CYTED y asesor, hasta 1994, en dicho Subprograma.

Fue creador y presidente hasta el año 2000 de la Organización No Gubernamental ICoHa, Instituto para la Comunidad y el Hábitat, implementada como unidad de extensión y experimentación del IIDVi.

Dirigió la Maestría en Gestión y Desarrollo de la Vivienda Social, IIDVi (FAU– UNNE) de 2012 a 2015.

Fue distinguido como Doctor Honoris Causa por la Universidad Católica de Córdoba en 2015 y por la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2017 y como Profesor Extraordinario de la UNNE en 2017.

Recibió innumerables premios entre los que se destacan el Premio Ing. Luis V. Migone (urbanismo y vivienda) de la Academia Nacional de Ingeniería (Argentina) en 1992 y el Premio Hábitat Popular otorgado por la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos en 2012.

Es reconocido como profesor en maestrías en diversas universidades de Argentina y en Rio Grande Do Sul, Brasil y es miembro emérito de la Red Universitaria Latinoamericana de cátedras de Viviendas (ULACAV) desde 2014. Dictó cursos y conferencias en universidades y centros de estudio de Argentina, América Latina y Europa. Son numerosas sus publicaciones (libros, artículos, ponencias y ensayos) tanto en Argentina como en el extranjero.

El primer contacto para invitarlo a participar de esta publicación, aportando sus valiosas reflexiones sobre la temática de la convocatoria, lo realizamos a través de su hija María Bernabela Pelli.

Entre varios textos que venían a nuestras mentes teníamos conocimiento de que ambos habían realizado un escrito aún inédito. Decididamente era la reflexión que queríamos con el agregado de que era un trabajo entre padre e hija, cuestión que lo hacía más relevante pues Bela –como la conocemos quienes hemos tenido la posibilidad de compartir con ella horas de estudio, de trabajo y de amistad– se ha convertido también en una importante referente en los temas de vivienda y hábitat.

Al respecto hay que destacar que ella es arquitecta de la Universidad Nacional del Nordeste desde 1993. Máster en Políticas Sociales, Planificación Estratégica para el Desarrollo Sustentable del Territorio de la Università degli Studi di Bologna, Italia, título alcanzado en el año 2006.

Es Experta en Desarrollo Local del Centro de Estudios a distancia de la Organización Internacional del Trabajo, Turín, Italia (2001) y se especializó en Coordinación de Grupos Operativos (desde 1986 a 1992). Es doctoranda en Geografía de la Facultad de Humanidades, UNNE.

Desarrolla tareas como docente, investigadora y extensionista de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE. Desde el año 1990, integra el Instituto de Investigación y Desarrollo en Vivienda, IIDVi (FAU– UNNE), es miembro del Consejo Directivo desde 2011 y directora del IIDVi desde 2019. Es miembro, desde su creación en 2016, del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Territorial y del Hábitat Humano (IIDTHH) de doble dependencia CONICET-UNNE e integrante del Consejo de Dirección desde 2021. Es codirectora de la Maestría en Gestión y Desarrollo de la Vivienda Social de la UNNE, desde 2015.

Es docente con dedicación exclusiva en la cátedra Gestión y Desarrollo de la Vivienda Popular de la carrera de Arquitectura desde 1990 y es Profesora Adjunta a cargo del Taller de Diseño Gráfico 1, de la Carrera de Diseño Gráfico de la FAU-UNNE, desde 2005.

Es Secretaria de Extensión y Transferencia de la FAU-UNNE desde 2020 e integrante del Comité Editorial de la revista Hábitat y Sociedad de la Universidad de Sevilla, España, desde 2021. Se destaca como miembro del Consejo Directivo de la Red ULACAV y como miembro integrante de la Coalición Internacional del Hábitat (HIC-AL).

Venettia Romagnoli, Sabrina Cáceres y Laura Gurría

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El presente documento se elabora con la certeza de que no será objeto de lectura para las miles de personas que en este momento, en la totalidad de las ciudades del norte argentino, tienen su domicilio, de manera física y jurídicamente inestable, en una construcción de latas, paja, cartón o barro, con piso de tierra; que no disponen de una canilla propia de agua potable, ni de calles mínimamente transitables ni sendas peatonales secas y sólidas, ni de un estatus jurídico que les asegure la propiedad o al menos la tenencia estable del lugar que constituye la base física de implantación de lo que para ellos es su vivienda.

La parte cuantitativamente más importante de las acciones que en toda América Latina se emprenden para dar respuesta al déficit habitacional de los sectores populares, es la que corresponde a lo que construye la misma gente por su propia cuenta, sin ayuda ni financiación ni solidez legal; con gran esfuerzo y con resultados admirables en relación a los recursos empleados, más que insuficientes. Está claro que sin algún tipo de transferencia o ayuda desde otros sectores, o desde la estructura institucional, no pueden ir más lejos, ni aun los que se arriesgan a mayores avances. Queda claro que el punto que alcanzan todavía está lejos de ser suficiente para llegar a satisfacer el conjunto básico de sus necesidades habitacionales esenciales. (Fig.1)

Figura 1
Casa autoproducida. Asentamiento 24 de diciembre, ciudad de Resistencia, año 2016.
Fuente: archivo María Bernabela Pelli

Si corresponde o no esta ayuda, y en qué debe consistir, es tema de discusión, de confrontación de intereses, de debate político y también de investigación/desarrollo. Los lectores más probables de este documento pertenecen a los sectores sociales a los que directa o indirectamente, y también justa o injustamente, les cabe dar respuesta a estos interrogantes.

La respuesta posible es variada: hay quienes sostienen, desde sectores ideológicamente opuestos, que esta ayuda no debe darse: unos porque consideran que todos los esfuerzos institucionales y políticos deben aplicarse a lograr una sociedad económicamente fuerte y dinámica, de manera que cada uno de sus integrantes se encuentre en condiciones de elegir y comprar o alquilar con las reglas de juego del mercado y con sus propios recursos, una buena casa. Otros, porque sostienen que todos los esfuerzos deben apuntar a lograr un Estado económica y políticamente fuerte, que pueda, y deba, entregar gratuitamente o a muy bajo precio, o en alquiler accesible, viviendas satisfactorias, a todos los ciudadanos. Hay, por otro lado, quienes sostienen que, en el estado actual de nuestras sociedades, el camino hacia una u otra (o alguna otra) situación ideal puede llevar décadas, o simplemente que estas situaciones ideales o por lo menos deseables son, por su naturaleza, inalcanzables, y que mientras tanto la situación subhumana de vida de miles de personas, situación que puede ser la de su vida entera, solo puede superarse mediante un aporte desde afuera. Dicho esto, más correctamente: desde adentro de la misma sociedad, tomada como conjunto orgánico, pero desde los sectores de poder a cuyo cargo se encuentran y se distribuyen los recursos necesarios para hacer posible la necesaria evolución. (Figs. 2 y 3)

Figura 2
Casa autoproducida. Asentamiento Ávalos, ciudad de Resistencia, año 2017.
Fuente: archivo María Bernabela Pelli

Figura 3
Casas autoproducidas. Asentamiento La Rubita, ciudad de Resistencia, año 2012.
Fuente: archivo María Bernabela Pelli.

El criterio que, en nuestro país, igual que en gran parte de los países de América Latina, se siguió a lo largo del siglo XX para esta ayuda, consistió en que el Estado construyera o hiciera construir por su cuenta y según su criterio casas o departamentos y se los entregara luego terminados, llave en mano, a los ciudadanos más necesitados, a cambio de un reembolso en cuotas. En la práctica y en una considerable mayoría de casos, este reembolso no ha sido concretado ni ha sido posible concretarlo. También en la práctica, gran parte de las viviendas construidas y entregadas han terminado siendo apropiadas y habitadas por familias, la mayoría de las cuales también necesitaban vivienda, a su manera, pero con situaciones económicas muy superiores a las de los sectores sociales que constituyen el centro de interés de estas notas. Sabemos que esta fórmula, que se entiende como tradicional, nunca llegó a reducir el déficit de forma significativa. Desde la lógica de esta propuesta, las viviendas deben ser realmente pagadas por quienes las habitan y en este caso no pueden ser ocupadas por las familias en situación de pobreza, o necesitan ser subsidiadas. Con este criterio el costo para el Estado, por familia, es tan voluminoso que, con los recursos disponibles, o asignados a este rubro, no se alcanza a cubrir una cantidad mínima de casos, en relación con la masividad de la situación real. Las salidas para este nudo en esta versión de la acción de solución habitacional han intentado e intentan ser varias: bajar los costos mediante mejoras e innovaciones tecnológicas y de gestión; reducir el tamaño de las unidades, en una suerte de jibarización de la vivienda, o reducción de la calidad de algunos de sus componentes.

En el año 2016 el déficit habitacional se estimaba en 3.800.000 hogares, según datos del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación (Censo Nacional, 2010).

La persistencia en aumento del déficit habitacional indica en cierta medida, que las vías de gestión mencionadas hasta aquí, entendidas habitualmente como tradicionales, no han llegado a presentar un cuadro de reducción realmente significativa de la crítica situación de carencia, al contrario. En la mayoría de las ciudades metropolitanas de la Argentina, se vivenció, en las últimas décadas, un crecimiento importante de asentamientos informales como una de las estrategias de la población, para satisfacer sus necesidades habitacionales básicas, lo que deriva en una solución transitoria y precaria, que en muchos casos se transforma en definitiva [1].

De todos modos y sin dejar de atender a la evolución de estos modelos convencionales de solución, se hizo necesario explorar otros caminos de reconocimiento del problema y de elaboración de modelos de solución basados en los hallazgos de esa tarea de exploración.

Uno de estos caminos consiste en profundizar en el reconocimiento de las características propias del problema a resolver: las necesidades más agudas de la gente en situación de pobreza; bajo una premisa de trabajo diferente: si se analiza el problema en sus niveles de mayor criticidad y urgencia, y también en su escala, concretada en la enorme cantidad de gente que lo padece, parece razonable desarmar, desmontar, esa situación habitacional ideal en sus partes componentes, definir cuáles de esos componentes son los que responden de manera más directa, eficaz e inmediata a las necesidades más graves y urgentes, y centrar la ayuda en la transferencia de esos paquetes básicos de gestión gradual a la mayor cantidad de gente.

Obviamente un grifo en su casa para una familia que ha venido sirviéndose agua traída en tachos desde una canilla pública a quinientos metros, o la regularización jurídica de la tenencia de su terreno son de mayor urgencia, y, en consecuencia, prioritarios, en relación a la incorporación de elementos prescindibles en primeras etapas, como postigones, cielorrasos e incluso vidrios en las ventanas, azulejos o zócalos.

Una política de vivienda basada en una escala de elementos de satisfacción básica de necesidades habitacionales, de mayor a menor nivel de prioridad, y en la extensión de una ayuda escalonada en base a estas prioridades, se presenta como un esquema adecuado de respuesta a la escala del problema, a la insuficiencia crónica de recursos de financiación, y a las prioridades de la gente.

Se confrontan dos concepciones diferentes del papel y significado de la vivienda en esta sociedad, que representan dos abordajes del problema habitacional: vivienda estándar mínima completa para pocos versus satisfacción gradual de necesidades habitacionales para todos y todas. La última forma es la que corresponde y es coherente con el enfoque que se está desarrollando en el presente documento (Pelli, 2007).

Por otra parte, los centros, o grupos, de investigación y acción experimental que están trabajando en esta línea, desde los años 60, han dejado atrás hace tiempo el supuesto de que solo por sí mismos los profesionales, ya sean arquitectos, ingenieros, sociólogos, trabajadores sociales, antropólogos, psicólogos, abogados y/o expertos en organización institucional, pueden definir una adecuada escala de necesidades y, en consecuencia, de prioridades y estrategias de solución. Las experiencias implementadas han demostrado que las mismas personas que están viviendo el problema desde adentro pueden aportar sus propias percepciones para definir, en mesas de concertación y en equipos multisectoriales, la escala de las necesidades y las urgencias y prioridades de solución.

Por esto, la tarea de investigación-desarrollo se ha volcado a perfeccionar métodos de inclusión de una organizada y valorizada participación de los usuarios en la definición y la discusión de sus prioridades habitacionales.

Una de las experiencias positivas durante la década de los 90 fue la Mesa de Concertación de Políticas Sociales creada en Córdoba en 1992, e integrada por organizaciones sociales, ONG y el gobierno de la provincia de Córdoba. Generó la mejora de las condiciones habitacionales a un porcentaje importante de la población que vivía precariamente en asentamientos informales[2]. Esta experiencia se replicó en otros puntos del país y de Latinoamérica, con diferentes características, pero con resultados igualmente positivos para la población.

Mediante proyectos experimentales de investigación, acción y evaluación, se han podido verificar los resultados positivos de los esquemas de inclusión de los criterios del habitante en todas las etapas del proceso de producción de sus viviendas, en distintos niveles de responsabilidad: decisión, administración, ejecución y control, a diferencia de los modelos de gestión antes mencionados, en los que los usuarios juegan un papel predominantemente pasivo, casi anónimo y sin opciones para introducir sus vivencias y su criterio, a lo largo de todo el proceso que va desde la necesidad a la satisfacción. (Fig. 4)

Figura 4
Mesa de concertación interinstitucional e intersectorial en el Barrio Cacique Pelayo, Fontana, Chaco. Año 1993.
Fuente: archivo Instituto de Investigación y Desarrollo en Vivienda e Instituto para la Comunidad y el Hábitat. FAU UNNE

Hacia mitad del siglo XX los organismos estatales, nacionales o supranacionales, atendiendo a los logros y también a la solidez teórico conceptual de aquellas experiencias y de sus conclusiones, introdujeron la consigna de participación de la población destinataria y de otros actores sociales e institucionales clave, en la implementación de sus políticas y programas habitacionales. Esto significó la inclusión de los habitantes de manera activa en las distintas etapas de un proceso de mejoramiento del hábitat. Sin embargo, se pudo advertir que, en muchos casos, si bien se incluyó la voz de los habitantes en algunas partes del proceso, siguen funcionando las formas tradicionales de relacionamiento, donde predominan los intereses, las escalas jerárquicas y los reflejos de los actores con mayor poder. De este modo se distorsionó el sentido profundo de lo que se denomina gestión participativa y concertada y se llegó en muchos casos a resultados bastante alejados de una auténtica satisfacción de la necesidad de los habitantes.

Ciertamente este enfoque supone un cambio intenso que generalmente despierta fuertes resistencias. La eliminación o superación de estas resistencias es otra de las metas que merecen ser consideradas indispensables de alcanzar.

Si el conjunto social, a través de quienes ejercen una mayor cuota de poder en la toma de decisiones, considera que es posible evolucionar o prosperar dejando a una parte de ese mismo conjunto en condiciones de vidas enteras de miseria extrema, se podrán ignorar esos problemas (en el mejor de los casos, introduciendo la dudosa certeza de que podrán solucionarse después) o postergarlos indefinidamente. Si, por el contrario, se le asigna a esta situación de criticidad y volumen una merecida prioridad, se estará optando por un camino que es cierto que podrá originar en las estructuras de poder molestias laterales frente a su intensidad y a sus innovaciones, pero en definitiva será un camino de esperanzadas y bien fundadas propuestas de eficiencia, de economía estricta, de solidaridad y de avances hacia el logro de una sociedad sana. Aun cuando aparezca como inevitable la introducción de una buena dosis de pensamiento utópico en la formulación de metas y objetivos, y en la actitud de trabajo.

Resistencia (Chaco), 2022

Referencias Bibliográficas

Mateo, M. (1999). La Mesa de Concertación de Políticas Sociales de Córdoba. Una experiencia de negociación entre múltiples actores. América Latina Hoy, 24, 67-74.

Pelli, M. B., Pace, E., Giró, M., Campos, M. (2019). La función de la expropiación de tierras en la solución de los problemas habitacionales. Área Metropolitana del Gran Resistencia, Chaco. (p. 2216- 2235). Actas y Comunicaciones del 4to Congreso Latinoamericano de Estudios Urbanos. Buenos Aires, Argentina: Universidad Nacional de General Sarmiento.

Pelli, V. S. (2007). Habitar, participar, pertenecer, acceder a la vivienda, incluirse en la sociedad. Buenos Aires, Argentina: Nobuko.

Notas

Información adicional

CÓMO CITAR:: Pelli, V. y Pelli, M. B. (2022). El abordaje de la carencia habitacional de la población en situación de pobreza. A&P Continuidad, 9(16). doi: https://doi.org/10.35305/23626097v9i16.378

Enlace alternativo

https://www.ayp.fapyd.unr.edu.ar/index.php/ayp/article/view/378 (html)